Los investigadores mencionan que, durante este mismo periodo, en el conjunto de España se documentaron “243 casos de envenenamientos de buitres leonados”, algunos de ellos específicamente dirigidos contra esta especie. “Los efectos colaterales del uso ilegal de cebos envenenados en otras especies amenazadas como el quebrantahuesos o el alimoche constituyen una importante amenaza para la conservación de estas aves”, explica Antoni Margalida, primer firmante de la carta.

España alberga el 95 por ciento de la población europea de aves carroñeras, siendo la población de buitre leonado, con cerca de 26.000 parejas, la más abundante. Estas especies, durante milenios, han ofrecido servicios a los ecosistemas al eliminar los cadáveres que podrían constituir focos de infección y enfermedades, siendo verdaderos aliados de los ganaderos. Sin embargo, en 2001 el brote de encefalopatía espongiforme bovina (o enfermedad de las vacas locas) provocó que la Unión Europea prohibiera dejar estos cadáveres en el campo y obligara a destruirlos o reutilizarlos en instalaciones autorizadas. La medida tuvo un gran impacto en la población de buitres, causando un déficit de alimentación que tuvo consecuencias demográficas y comportamentales importantes.