En la región mediterránea el fuego ha condicionado la evolución de muchas especies vegetales: desde la presencia del corcho como protección frente al calor, hasta los mecanismos fisiológicos que lo conectan con la reproducción natural, pasando por la existencia de plantas con abundantes yemas durmientes que garantiza la producción de brotes y renuevos si la parte aérea resulta dañada.

Se trata por tanto de un elemento más de funcionamiento del ecosistema, y de hecho, en condiciones absolutamente naturales, incluso de un elemento necesario para rejuvenecer la cubierta vegetal y liberar nutrientes. La naturaleza encaja perfectamente la alteración que supone el incendio y la integra en el proceso de evolución.

Por otra parte, desde muy pronto la humanidad se dio cuenta de la capacidad del fuego para reducir el desarrollo de las plantas leñosas en beneficio de las herbáceas, y hace de él una herramienta para facilitar el pastoreo y la agricultura. En este punto el fuego pierde su lugar en la cadena de sucesión del ecosistema y, a través de su abuso por parte del hombre, se transforma en un elemento profundamente perturbador. Tanto por su intensidad como, fundamentalmente, por su frecuencia provoca alteraciones que la naturaleza no puede ya asimilar. El incendio reiterado produce el empobrecimiento de las comunidades, la pérdida de suelo y finalmente la desertización.

La cuestión es: ¿por qué en los últimos años hay más incendios y además son mayores? En primer lugar, habría que matizar la veracidad de este hecho. La información sistematizada al respecto existente en España se puede considerar como pionera en el mundo, ya que los primeros registros normalizados de la actual base de datos se remontan a 1968, que es cuando se toma realmente conciencia del problema, como lo demuestra el hecho de que la primera Ley de Incendios Forestales se aprueba precisamente en ese año. Pero no existe una seguridad absoluta de la información perdida con anterioridad a esa fecha, del rigor con que en esos primeros años se alimentase la mencionada base de datos, ni del grado de homogeneidad de ese tratamiento de las entradas en las distintas zonas de nuestro país. Si en lugar de remontarnos tanto, tomamos solamente la serie de número de incendios y superficies afectadas de los últimos 20 años –gráficos 1 y 2– puede observarse que el total de superficie forestal quemada va disminuyendo paulatinamente –lo que parece indicar una mayor eficacia de los dispositivos de extinción– y que el número total de siniestros no muestra una clara tendencia a aumentar. O lo que es lo mismo, no parece que haya un mayor número de incendios, sino una mayor concienciación sobre la gravedad del problema. A ello contribuye la especial atención que se presta al tema por parte de unos medios de comunicación que en verano tienen también ‘sequía’ de noticias.

Causas inmediatas y causas estructurales
Pero el problema existe, es muy grave dada la escasa superficie forestal que tenemos en comparación con otros países y la amenaza constante de la desertización, y no parece que esté en vías de solución, ya que la incidencia de los incendios forestales no tiende a disminuir. Llega el momento pues de tratar de sus causas.

En primer lugar habría que distinguir entre las causas inmediatas y las estructurales. Las primeras son las que originan un incendio concreto: rayo, accidentes, negligencias o intencionalidad, esta última con sus respectivas motivaciones particulares –hasta 15 codificadas–. Son las que, tras ser investigadas para cada incendio aparecen en cada registro, y originan en su caso las correspondientes actuaciones correctoras, o sanciones en caso de infracción –Gráfico 3–.

Pero si hablamos de incendios en general hemos de referirnos a las denominadas causas estructurales, esto es, a las causas genéricas por las que tienen lugar los incendios. La primera de ellas viene dada precisamente por el clima mediterráneo, con sus elevadas temperaturas y acusadas sequías estivales, lo que a su vez condiciona la naturaleza de las cubiertas vegetales y sus adaptaciones al fuego, adaptaciones que a su vez se traducen a una mayor facilidad para arder.

También se ha de tener en cuenta que la restauración de terrenos incendiados, o la reforestación de rasos en general, debe realizarse al menos en sus primeros años con vegetación colonizadora, que en la gran mayoría de los casos será más inflamable que otro tipo de cubiertas más evolucionadas. No obstante, y teniendo en cuenta que en el conjunto de España los incendios de origen puramente natural son muy escasos, son los factores socioeconómicos, los puramente humanos, los que con sus variaciones subyacen en el fondo del problema.

Despoblamiento rural
El primero de estos factores es el despoblamiento rural. Por un lado, han disminuido los aprovechamientos tradicionales del monte: al cesar la extracción de leña y broza y haber menos cabezas de ganado consumiendo pasto, aumenta la cantidad de combustible fino, en el que el fuego se inicia y propaga fácilmente. Al mismo tiempo, el abandono de tierras agrícolas y pastos supone la invasión de matorral colonizador, normalmente muy inflamable.

Otro hecho importante es la escasa rentabilidad estrictamente económica de los terrenos forestales: tanto el bajo precio de la madera como el insuficiente mercado para otro tipo de aprovechamientos secundarios hace que cada vez sea más frecuente hallar montes prácticamente abandonados, sin ningún tipo de inversión en infraestructuras o tratamientos, inversión que por otra parte resulta de dudosa recuperación en la situación actual. Tan sólo cuando existen condiciones adecuadas de suelo y humedad es factible reforzar el carácter productor del monte, habitualmente mediante su transformación en lo que se llama ‘cultivo forestal’. Pero al estar compuestos de masas de la misma especie y edad existe una continuidad del modelo de combustible, peligroso en las fases jóvenes y propicio a los grandes incendios más tarde, si no está sometido a una correcta selvicultura preventiva. A su vez esta selvicultura preventiva es tremendamente cara si tenemos en cuenta las dificultades de mecanización que supone el que la mayoría de nuestras masas forestales se encuentren en zonas de complicada orografía. Si a esto añadimos que el monte tiene la dichosa manía de crecer, y que a los pocos años de abrir un cortafuegos o desbrozar una zona se vuelve a poblar, nos daremos cuenta de las dificultades de gestión.

En este punto interesa hacer notar que la presunta motivación para incendiar montes y especular posteriormente con la madera quemada no tiene gran fundamento: por un lado las aplicaciones de la madera se reducen drásticamente por el fuego, y por otro la especulación con la quema de madera sólo empeora la situación –ya difícil de por sí– del sector maderero, y eso sin contar con la obligación legal de destinar los ingresos por la venta de esta madera a la propia restauración de la zona incendiada.

Sin salir del entorno rural, una de las causas con mayor incidencia comprobada en el origen de un gran número de incendios –bien por negligencia, bien de forma claramente intencionada– es el uso del fuego en quemas con finalidad agrícola-ganadera y forestal. El arraigado uso del fuego para quema de rastrojos y eliminar restos de desbroce y poda, como forma rápida y barata de regenerar pastos o abrir espacio al ganado, o simplemente para aprovechar linderos y fincas abandonadas, unido a veces al escaso aprecio hacia masas forestales que no proporcionan rentabilidad económica alguna –y a la escasa concienciación sobre los enormes beneficios ambientales que reportan–, se conjugan para que esta motivación se considere como la principal causante de incendios forestales intencionados. Aunque existe suficiente normativa sobre regulación de quemas, no siempre es aceptada por los interesados, llegando en algunas zonas al rechazo absoluto, produciéndose incluso cierta indefensión ante el incumplimiento reiterado de las normas.

La expansión de las urbanizaciones
Pero no sólo se ha de buscar el origen en posibles conflictos rurales. La expansión de zonas de uso urbano hacia terrenos forestales no hacen más que trasladar al monte posibles focos de incendio. Como en el caso de la madera quemada, la posible motivación de cambio de uso para causar incendios se queda sin fundamento al comprobar que no hay caso alguno de que se haya concedido la recalificación como suelo urbanizable a terrenos incendiados en un pasado reciente, ya que la normativa establece que si se pierde la vegetación por el fuego, debe ser regenerada, es decir, no se admite el cambio de uso.

En último extremo, esta posibilidad es tajantemente negada, prácticamente por unanimidad, por personalidades con alto grado de conocimiento e interés por el tema. Lo que sí ocurre es que el terreno urbanizado está cada vez más próximo al forestal, mezclándose ambos en lo que se conoce como ‘interfase’, que se convierte en una zona de alto riesgo, tanto por la gran probabilidad de inicio de incendios por negligencias o accidentes como por la extrema dificultad de su extinción.

Por otra parte, otro factor que aumenta la probabilidad de uso negligente del fuego es la expansión de los usos recreativos en el área forestal: cada vez hay más personas que disfrutan su ocio en el monte, pero no siempre son conscientes de los riesgos existentes.

Como último factor importante de riesgo ligado al entorno urbano cabe señalar la creciente cantidad de desperdicios que se originan en las concentraciones de población. Si bien en las grandes ciudades hay fuertes inversiones en infraestructuras de tratamiento de residuos sólidos urbanos, en las más pequeñas se sigue recurriendo al fuego para su eliminación una vez acumuladas en vertederos. Aunque la legislación es clara a este respecto en cuanto a la ubicación y tratamiento de basureros, lo cierto es que se trata de un problema que origina un significativo número de incendios.

Otras causas que dejaron de serlo
Se pueden citar otros tipos de causas que en su momento fueron origen del problema. La roturación de zonas forestales para uso agrícola, el rechazo a la declaración de zonas de especial protección –y a las limitaciones que dicha declaración puede suponer–, el deseo de obtener salarios o jornales en trabajos forestales de extinción de incendios y restauración de zonas afectadas, o las desavenencias originadas en algunas zonas por la reforestación de montes comunales y su acotamiento al pastoreo pueden haber sido en determinadas épocas y regiones fuente de conflictos que originasen incendios, pero su importancia en la actualidad resulta marginal.

No podemos dejar de mencionar otras posibles causas de incendio que no están ligadas al empleo de los terrenos. Entre ellas se han de considerar las acciones de revancha, bien contra un individuo concreto al que se pretende perjudicar, bien contra la sociedad en general. También cabría en este apartado el incendio ocasionado por delincuentes comunes para distraer a las fuerzas del orden de manera que se pueda cometer un delito o simplemente para ocultarlo. En esta misma categoría habría que incluir los actos vandálicos. En cualquier caso, estaríamos hablando de delincuencia, y en todas las legislaciones el incendio intencionado está tipificado como delito. Tal vez la única excepción sea una causa que tiende a ser sobreestimada como es la piromanía: se trata en realidad de una patología, y el pirómano no es más que un enfermo, necesitado de tratamiento y que, afortunadamente, no abunda.

Para finalizar con estas líneas, merece la pena mencionar el hecho de que el fuego no es una herramienta de gestión cinegética. Es más, fuego y caza son incompatibles, según apuntan las asociaciones de caza. Si se necesita abrir claros o realizar tiraderos, resulta fácil conseguir los permisos necesarios porque, además de obtener mejores resultados mediante la roturación, se estará mejorando el estado de autodefensa del monte contra los incendios. Otro hecho muy distinto es que por la existencia de determinados conflictos se llegue al incendio intencionado como venganza, o bien para cometer u ocultar un delito como el furtivismo, o que se llegue al incendio de montes sin aprovechamiento cinegético para chantear la caza a las fincas colindantes. En todos estos casos no estamos tratando de caza, ni mucho menos de cazadores, sino simplemente de desaprensivos que cometen delitos y deben ser sancionados.