Caza y conservación, lejos de representar dos conceptos antagónicos, son actividades paralelas que pueden interactuar en beneficio mutuo. Sin duda éste es el mejor alegato para justificar las buenas prácticas cinegéticas que actualmente se realizan en muchos cotos españoles.

Partimos de la base de que conservar no equivale necesariamente a dejar las cosas como están sino que implica, en muchos casos, una gestión proactiva con el fin de corregir situaciones indeseadas, y que el tipo de caza al que nos referimos no es un cheque en blanco a favor de cualquier práctica venatoria.

La caza de bajo impacto, la que se limita a la explotación racional de unos recursos naturales renovables, la que es respetuosa con el medio y con las especies protegidas, la que utiliza como elementos básicos de gestión el mantenimiento de los hábitats y de las poblaciones autóctonas silvestres, es éticamente defendible, ecológicamente necesaria y socioeconómicamente esperanzadora.

En zonas todavía bien conservadas, el ordenado aprovechamiento de los recursos cinegéticos resulta ser menos agresivo que la ganadería, la moderna agricultura o que masivas repoblaciones forestales con especies de rápido crecimiento e interés comercial. Y no solamente este tipo de aprovechamiento es más respetuoso con el entorno sino mucho más rentable, en términos económicos y ambientales, que los citados usos.

Por otra parte, en zonas agrícolas o ganaderas más intensificadas, la correcta gestión de la caza es la única actividad capaz de favorecer el incremento de la diversidad biológica, al recuperar setos y linderos y crear mosaicos ambientales.

La evolución reciente de la caza en España ha estado condicionada por profundos cambios sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales que se han producido dentro y fuera del país en la segunda mitad del siglo XX. Los hitos más significativos han sido el éxodo rural, el incremento del poder adquisitivo de los ciudadanos, la incorporación de España a la Comunidad Europea, la intensificación de la agricultura y la creciente preocupación social por la conservación de los recursos naturales.

La caza en el último siglo
La Ley de Caza de 1902 fue el marco legal que reguló las actividades cinegéticas de tres generaciones de españoles, hasta que fue sustituida por la Ley de 1970 y su Reglamento de 1971 ante la necesidad de fomentar y aprovechar de forma racional la fauna silvestre objeto de caza. Desde el punto de vista normativo, los últimos 30 años han sido mucho más prolíficos que el período comprendido entre 1902 y 1970, como consecuencia de los cambios acontecidos en España durante el último tercio del pasado siglo.

La Ley de Caza de 1970 favoreció la proliferación de los cotos y su consolidación como unidades administrativas de gestión. El aprovechamiento de la caza en los terrenos acotados tomó entonces dos caminos diferentes:
a) La caza en régimen de autoconsumo, practicada por sociedades locales de cazadores en terrenos cedidos o arrendados a bajo precio.

b) La caza con ánimo de lucro, que obligaba a los cazadores a pagar cantidades apreciables por el derecho de caza en terrenos de propiedad ajena o, además, por la gestión cinegética realizada por el titular del aprovechamiento. Este segundo modelo caló en la mitad sur del país al ser cinegéticamente la más rica. La gestión de la caza mayor en régimen semiintensivo en áreas montañosas multiplicó los cotos de caza mayor, mientras que la caza menor, en declive debido a la intensificación agrícola y al incremento de demanda de pelo y pluma, fue derivando hacia una creciente artificialización basada en la liberación de ejemplares de granja.

La entrada en vigor de la Ley 4/89, que supuso un paso importante en la equiparación de nuestra normativa de conservación con la del resto de la Unión Europea, fijó las especies que podían ser susceptibles de aprovechamiento cinegético y cuáles no. Además, estableció que cualquier aprovechamiento cinegético debía realizarse previa aprobación de un plan técnico de caza. Al cabo de una década se ha comprobado que dichos planes son instrumentos necesarios pero no suficientes para la correcta gestión de las especies de caza y de sus hábitats.

La caza, motor de desarrollo rural
La reciente ampliación de la Unión Europea sin duda va a tener profundas repercusiones en la política agraria comunitaria. Se prevé una disminución de las subvenciones a la mera producción y su reorientación hacia prácticas ambientalmente respetuosas, que contribuyan a fijar a la población rural sin mermar sus expectativas de crecimiento económico.

Dentro de este ámbito, las buenas prácticas cinegéticas se perfilan como un factor importante de desarrollo rural en zonas potencialmente idóneas para la caza, de alto valor ecológico y compatibles con la preservación de especies amenazadas. De hecho, la caza adecuadamente gestionada en zonas oseras (Cordillera Cantábrica), loberas (Sierra de la Culebra) y linceras (Sierra Morena) constituye actualmente un claro ejemplo de connivencia entre caza y conservación.

Es evidente que para garantizar este complicado equilibrio se requiere la implementación de un sistema riguroso de seguimiento y control oficialmente reconocido. En este sentido, hay ya varias propuestas elaboradas o en curso. Por ejemplo, la Comunidad Andaluza recoge en su reciente Ley de la Flora y la Fauna Silvestres de 2003 la posibilidad de obtener una certificación de calidad a los cotos o agrupaciones de ellos que voluntariamente se comprometan a adecuar su gestión y explotación a los criterios que en su momento se determinen. Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad, la Real Federación Española de Caza, FEDENCA, el Organismo Autónomo Parques Nacionales y WWF/Adena han firmado un convenio de colaboración para elaborar un sistema de calidad cinegética, que servirá como herramienta de gestión para los cotos que lo adopten y se traducirá en una marca de calidad cinegética y ambiental.

Este tipo de iniciativas son pioneras en Europa y, aunque todavía se encuentran en una fase preliminar de desarrollo, nos parecen fundamentales por varias razones. Quizás la más importante es la reivindicación de la caza bien gestionada como actividad ecocompatible y de interés socioeconómico.

Instrumento
de conservación
Bajo esta premisa, la gestión cinegética puede convertirse en un instrumento de conservación de la diversidad biológica y sus artífices candidatos a percibir ayudas económicas encaminadas a la conservación de especies y espacios, lo que hasta ahora no sólo era inviable sino difícil incluso de concebir.

No se trata de abolir o transformar totalmente el actual modelo de caza más o menos intensiva, sino de promover la creación de un modelo alternativo basado en una gestión integral y prácticas extractivas de bajo impacto entre quienes voluntariamente decidan adoptarlo.

Obviamente para que los cotos que ostenten la certificación o marca de calidad lleguen a tener prestigio dentro y más allá de nuestras fronteras, y cuenten con el beneplácito de sectores sociales que admiten la caza sólo con reservas, es necesario establecer unos criterios rigurosos y garantizar su estricto cumplimiento. Puesto que dichos criterios todavía no existen porque están en fase de elaboración y discusión, queremos contribuir aportando lo que, a nuestro juicio, deberían ser componentes básicos de un sistema de evaluación de la calidad cinegética:
• Valoración positiva de los hábitats
Áreas naturales bien conservadas, o en su defecto, existencia de planes alternativos de restauración, que al menos contemplen la regeneración parcial de la cubierta vegetal natural, así como el desarrollo de buenas prácticas agrarias, prioritariamente en fincas abiertas, o cerradas pero con una superficie mínima.

En esencia, se pretende primar el mantenimiento y potenciación de los valores naturales de los hábitats y de la vegetación natural.
• Gestión adecuada de la fauna
Aprovechamientos basados en especies autóctonas y poblaciones silvestres, manteniendo densidades óptimas acorde con la potencialidad de los cotos, que pueden ser excepcionalmente apoyadas mediante programas puntuales de repoblación con ejemplares de calidad contrastada y convenientemente marcados, que posibiliten la gestión adecuada de las especies amenazadas, garantizando el control selectivo de predadores generalistas, ejecutado por personal experto cualificado y siguiendo un programa elaborado por técnicos competentes.

En suma, se trata de garantizar la supervivencia de la fauna silvestre, tanto cinegética como no cinegética.
• Desarrollo de buenas prácticas cinegéticas
Establecimiento de cupos racionales de captura, avalados por un gestor profesional oficialmente reconocido, responsable de un registro anual de las extracciones por caza, en cotos vigilados por guardería profesionalizada.
• Otros aspectos a considerar
Adecuaciones e infraestructuras de los cotos para el ejercicio de la caza y de los cazadores, siendo indispensable una oferta cinegética ajustada a la capacidad real de carga del terreno, así como transparencia fiscal en los gastos e ingresos que genera la actividad cinegética.

En definitiva, se trata de prestigiar la caza y la adecuada gestión cinegética, convencidos de su potencialidad para generar riqueza y contribuir a la conservación de los valores naturales.

La propuesta que presentamos debe entenderse como un simple borrador abierto a cualquier adición o matización razonable y debidamente justificada. Somos conscientes de que los requisitos que pueden emanar de esta propuesta son exigentes y que, hoy por hoy, no serán muchos los cotos que puedan cumplirlos. Pero como no se trata de empezar la casa por el tejado, abogamos por una paulatina implementación de los criterios expuestos, durante un plazo limitado, hasta alcanzar los objetivos previstos. De este modo, la certificación de calidad cinegética podría otorgarse de manera provisional a cualquier coto que partiendo de unos mínimos requisitos se comprometiera a cumplir, en un plazo determinado, las exigencias necesarias para obtener la certificación definitiva.

Concebimos la certificación de calidad como un reconocimiento oficial de la buena gestión y explotación de los recursos cinegéticos de un coto y como un aval que garantiza la compatibilidad de la caza, en su sentido más amplio, con la conservación y restauración de la biodiversidad. Tal sería el compromiso que entrañaría ostentar un certificado de calidad, lo cual quiere decir que habrá que ser muy exigentes y cuidadosos a la hora de otorgarlo. Sin embargo, para fomentar que los titulares de acotados se animen a obtener la certificación, aún cuando el terreno que gestionan no cumpla de entrada los requisitos exigidos, la fórmula que antes apuntábamos de una certificación provisional, antesala de la definitiva, podría ser un buen incentivo.

Cómo valorar la calidad de un coto
La fórmula de valoración de la calidad de un coto sería muy similar a la de valoración de los trofeos de caza mayor, es decir, mediante el establecimiento de un protocolo que tuviese en cuenta diferentes conceptos –en este caso hábitats, especies, actividad cinegética y otros aspectos de los acotados– y se puntuase en cada uno de ellos los indicadores de calidad que anteriormente expusimos. Los cotos que finalmente superasen una determinada puntuación serían acreedores de la certificación de calidad, mientras que aquellos otros que estuvieran por encima de una cota mínima pero no alcanzasen la puntuación anterior obtendrían la certificación provisional.

Insistimos en que todavía queda mucho camino por andar antes de llegar a un acuerdo entre las partes interesadas. Por eso entendemos que es buen momento para poner ideas sobre la mesa y contribuir a la discusión constructiva que se está generando en torno a este tema.

Nuestro principal objetivo es potenciar estas brillantes iniciativas, pioneras en Europa y bien acogidas por investigadores y gestores de países vecinos. Sin embargo, no queremos ocultar que nuestra mayor preocupación radica en la posibilidad de que las certificaciones de calidad se otorguen con mano generosa y ojo poco dispuesto a separar el grano de la paja. Café para todos no es la mejor solución porque para eso seguimos como estamos, sin necesidad de lavar las tazas usadas.

Tampoco sería justo porque, como bien sabemos los docentes, el aprobado general, lejos de ser una decisión magnánima y ecuánime, discrimina negativamente al alumno que ha trabajado frente al que merece un suspenso por su bajo rendimiento académico. Por eso hay que preparar buenos exámenes y no mostrarse reacios a valorarlos con detenimiento y justicia.