El Parque Nacional de Cabañeros ha vuelto a ser noticia, esta vez por la utilización de lazos que, pensados para capturar y reducir la población de venados, han terminado capturando todo tipo de animales, algunos de ellos protegidos, como algún que otro buitre.

Este escándalo, descubierto en febrero de 2003 por el ex-furtivo José Antonio Romero, que grabó y fotografió macabras escenas de animales capturados, esconde un grave problema de fondo, común a la mayoría de los parques nacionales: el exceso de población de algunos animales y las rocambolescas estrategias que se ponen en marcha para solucionarlo.

Todo parece valer, incluso este tipo de lazos que matan tras un alarga y lenta agonía, salvo recurrir a la caza, proscrita en todos los parques nacionales –salvo en la parte leonesa de Picos de Europa– por culpa de un Plan Director que en su día, quienes lo redactaron, no supieron o no quisieron ver el papel que la caza ha desempeñado y podría desempeñar en el futuro en estos espacios de máxima conservación, precisamente para controlar estos excesos poblacionales.

Efectivamente, el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, aprobado por Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre (BOE nº 297 de 13 de diciembre), establece: “Con carácter general, la caza, como actividad recreativa o como aprovechamiento de animales silvestres, es incompatible con los objetivos y finalidades de un parque nacional por las repercusiones que tiene sobre los procesos naturales y por su impacto sobre el uso público. No obstante, por necesidades de control de poblaciones, y con carácter excepcional, se podrá autorizar, en condiciones estrictamente controladas, y cuando no exista otra solución satisfactoria, el empleo de artes cinegéticas siempre y cuando se hayan utilizado tradicionalmente y no produzcan efectos negativos en el Medio Ambiente”. ¿Son los lazos de Cabañeros más selectivos, efectivos e inocuos que un tiro limpio de rifle o de arco?

Peticiones acertadas
Ahora, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, de 4 de noviembre de 2004 (BOE nº 290, de 2 de diciembre), que otorga la gestión exclusiva de los parques nacionales a las comunidades autónomas, el presidente de Aproca Castill-La Mancha, Ricardo Ayala, se ha dirigido a la Consejera de Medio Ambiente solicitando se contemple la posibilidad de cazar en Cabañeros no como una excepcionalidad, “sino como una materia a regular por cada comunidad autónoma”. Y sigue diciendo: “Esta Asociación, desde siempre, viene manteniendo que la caza constituye una ocupación tradicional que realizada con criterios de sostenibilidad, en su momento y lugares adecuados, nunca puede ser considerada como incompatible con los objetivos de un parque nacional máxime cuando, como en el caso concreto de Cabañeros, se viene acometiendo el control de las poblaciones cinegéticas excedentarias por la propia administración pública, no siempre con los métodos más adecuados, como recientemente se ha puesto de manifiesto”. Y termina: “En unos momentos en que se está negociando no sólo el traspaso de competencias de los parques nacionales desde la administración central a las autonómicas, sino también su financiación, bueno sería tener en cuenta los recursos que podría generar la caza reglamentada en el Parque Nacional de Cabañeros, que muy bien podrían revertir para su propio sostenimiento y mejora”.

En parecidos términos se ha manifestado la Asociación de Titulares de Cotos, Cazadores y afines de Ciudad Real y Toledo (Atica). En un escrito fechado en julio del año pasado como alegaciones al borrador del Plan Rector de Uso y Gestión de Cabañeros, esta asociación manifiesta lo siguiente: “Uno de los motivos principales de oposición al borrador del PRUG... es la terquedad de la administración en obviar la caza como una actividad tradicional en los territorios ahora incluidos en el parque nacional. La caza no sólo es una actividad tradicional arraigada entre los habitantes de la zona, sino que es la actividad económica más significativa y el sistema de gestión tradicional que ha permitido la conservación del medio tal como hoy se encuentra. Hacer un documento de gestión –sigue diciendo el escrito– a espaldas de la gestión tradicional que ha traído como consecuencia la conservación de la zona, únicamente por prejuicios de carácter social, supone un error de tal calibre que bastaría para invalidar el presente documento –se refiere al borrador del PRUG–, al estar el mismo redactado en contra de la realidad económica y social de la zona, sin los criterios actuales de desarrollo sostenible y a espaldas de un básico análisis sociocultural”.

Por otro lado, el Partido Popular de esta comunidad, a través de una interpelación parlamentaria, ha exigido al Gobierno Regional, del PSOE, información clara y precisa sobre este “presunto delito ecológico masivo” y que “se llegue hasta el final” exigiendo las responsabilidades.

El portavoz del Partido Socialista en las Cortes Regionales, José Molina, negó sin embargo que se haya producido tal matanza y recordó que lo que se ha visto en los reportajes publicados y emitidos constituyen “una práctica que se autorizó por una ministra de Medio Ambiente del PP” y que esta práctica, ante su “dudosa ilegalidad”, se había dejado de llevar a cabo en febrero del 2004, “capturándose unos 160 animales por año, de los cuales 5 ó 6 eran especies protegidas”
Extraña sobremanera que tras el escándalo de los lazos de Cabañeros nadie haya dimitido ni que ninguna asociación ecologista se haya manifestado airadamente.