La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha declarado la nulidad de pleno derecho la decisión de la Dirección General de Medio Ambiente, producida durante la media veda de 2002/2003, por la que prohibió legalmente a Luis de Castro cazar tórtolas y palomas en un coto privado del entorno del Parque de Monfragüe, siendo condenada además a abonarle una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados con esa ilegal prohibición.

Luis de Castro, además de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia por considerar ilegal la decisión de que se le prohibieran cazar, formuló denuncias penales ante el Juzgado de Instrucción de Plasencia frente a determinados agentes de Medio Ambiente de la zona de Monfragüe y otros funcionarios y cargos de Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que podrían estar implicados en los hechos, denuncias que quedaron sobreseídas hasta que se resolviera el proceso contencioso-administrativo en el que ahora se ha dictado sentencia, a raíz de la cual se podrán reabrir las diligencias penales archivadas para depurar las responsabilidades de este tipo que procedan, que podrían alcanzar a altos cargos de la Consejería.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia concluye que si la junta de Extremadura entendía que se había producido una infracción de la Ley de Caza por la práctica de comederos ilegales, lo que tenía que haber hecho era incoar un expediente sancionador en el que el presunto infractor pudiera defenderse, expediente que nunca fue incoado, y no prohibir la caza mediante una decisión adoptada fuera de todo procedimiento, como fue el caso.

Esa ilegal decisión fue tomada por el Jefe de Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General de Medio Ambiente, a instancias de los agentes de Medio Ambiente de la zona de Monfragüe, a quienes había denunciado el Sr. de Castro por la persecución de la que entendía estaba –y está– siendo objeto.

Luis de Castro, cansado, enfermo y arruinado por la actuación de la Junta de Extremadura, manifiesta que no cejará en exigir las responsabilidades que procedan hasta que quede reparada la gran injusticia que con él se ha cometido, por lo que cabe esperar una cadena de procesos judiciales contra la Administración Regional.

Ante esta situación y antes de que lo hagan los Tribunales, De Castro confía en que las más altas instancias de la Junta depuren las responsabilidades de algunos de sus funcionarios implicados en este asunto.