Invitado por ATICA, he participado en el II Seminario sobre la Rehala Española que, organizado por esta asociación, se ha celebrado en Ciudad Real dentro de las diversas actividades de Fercatur 2005.

No voy a entrar a comentar el acto que resultó como todos, a las disertaciones voluntariamente generalistas de los ponentes sucedió una mesa redonda en la que primó la casuística al más puro estilo jesuítico–, sino la inquietud que se palpaba en el ambiente –llegué a Ciudad Real con la suficiente antelación como para poder charlar con unos y con otros– debida a las últimas astracanadas deyectadas por las consejerías de distintas comunidades autonómicas en materia de caza en general y más concretamente de perros y rehalas: calificación de los perros de rehala como animales de producción (?) a efectos de transporte, utilidad real/coste de los microchips frente al tatuaje, campeo de los perros, etc.

Tampoco voy a incidir, por sabido, en la incompetencia estructural de muchos de nuestros políticos y altos cargos, tan sólo superada en numerosas ocasiones por su desahogo o desvergüenza. Hay quien dice que al estar tan mal pagadas esas ocupaciones, no atraen sino a lo peorcito de cada casa. Mientras se limitan a hacerse fotos y no ocurre nada fuera de lo previsible, su incidencia en nuestras vidas es perfectamente despreciable. Pero cuando piensan o se presenta algún percance inesperado –cuya feliz resolución entra plenamente dentro de las obligaciones cubiertas por su sueldo– las leyes de Murphy brillan en todo su esplendor. Y eso que no tengamos que asistir a ningún funeral multitudinario.

Tiempo es, digo yo, de intentar poner coto a tanto desatino. Y las siguientes líneas son una simple reflexión al respecto. A estos payasos, aparte de su ombligo –fíjense como malgastan casi todas las legislaturas fomentando discordias sobre asuntos cuya urgencia sólo ellos parecen apreciar– tan sólo les preocupa lo que a todos: la cartera. Y su cartera depende de los votos, por lo que es lo único que miman con esmero. Así, resulta enternecedor ver con qué dedicación se interesan por las inquietudes de sus señores naturales, los contribuyentes que les pagamos los sueldos, durante las campañas electorales. Y luego, si te he visto no me acuerdo. Pues ahí precisamente reside nuestra fuerza, ya que sus carguetes no son vitalicios, sino que cada cuatro años debemos renovarles los contratos.

Buscar el interés general
Pero antes debemos adoptar una actitud más pragmática haciendo dejación de nuestros particularísimos intereses en aras del provecho general. El otro día me decía en Ciudad Real un entrañable amigo que ocupa una alta responsabilidad en materia de caza:
– Convéncete, Juan de Dios, esta gente –la Administración– nos chulea porque saben que enfrente sólo tienen a infinidad de grupúsculos canibalizándose.

Y tenía toda la razón. Y si además, añado yo, cuentan con el concurso de alguna organización de afiliación semiobligatoria que se encarga de reatar en la mangada a los más díscolos, pues apaga y vámonos. Quizás seamos el colectivo más insolidario que existe.

De sobra sé que entre el más empingorotado safarista y un humilde cuquillero de nuestras sierras; entre el propietario de varios afamados cercados y el presidente de la última sociedad de cazadores del país; entre el dueño de la más aristocrática rehala y el titular de un carrito de perros de alquiler; etc., hay mayor distancia en criterios y objetivos que entre un bosquimano del Kalahari y un físico de partículas.

Pero también hay algo común a todos ellos: la afición a la caza y el hostigamiento que, cada uno en su ámbito y a su nivel, sufre por parte de dos enemigos irredentos: la clase política y el mal llamado ecologismo okupa de pancarta y tenacillas –para violentar cercados y porteras por supuesto, no para trabajar en la carpintería metálica– por quien los primeros sienten un respeto imponente (¡Ay Piyayo, pa lo que has quedao!).

La necesidad de un frente común
En España se tramitan anualmente más de un millón de licencias de caza, y eso es número, señores. Vamos, pero como para determinar el resultado de cualquier convocatoria electoral, sea ésta nacional, autonómica o municipal. Si conseguimos encuadrarnos en un frente común, probablemente constituyamos el grupo de presión o lobby más importante del país. Y les aseguro que eso sí lo tendrían en cuenta; que eso sí les preocuparía y mucho. Aprovechemos pues esa circunstancia, pero ganándoles por la mano. Aparquemos nuestras lógicas diferencias –tiempo habrá posteriormente, si así nos conviene, de hallar las áreas de conjunción– y agrupémonos bajo lo que nos une, que no es poco.

Con esto no quiero decir que debamos constituirnos en fuerza política. No, debemos ser lo que se denomina sociedad civil, aunque apercibida ante los cada vez menos sutiles abusos que se perpetran contra nuestros derechos so pretexto de lo políticamente correcto y para acallar los vociferantes corifeos de los amigos de Bambi. Nos bastaría con lo que los anglosajones denominan joint venture y en España conocemos como UTE o unión temporal de empresas, en este caso de intereses, que se activase cada elección.

Tampoco es mi intención que nos echemos al monte, ni estos pensamientos en voz alta deben tomarse como una exhortación a la movilización callejera, tipo kale borroka.

También en Fercatur, otro amigo que desarrolla un elevado cometido en el ámbito empresarial decía que a él, si es posible, le gusta en principio pactar, y estoy de acuerdo con su planteamiento. Simplemente se trata de tomar conciencia de lo que somos y de la fuerza que unidos podemos alcanzar; enseñar nuestros poderes –no son otros que nuestros votos– y dejarnos querer por el mejor postor. Porque nadie crea que estoy abogando por una determinada opción política. Ni mucho menos. Diría más, para mí, casi todas son iguales y mi esporádica relación con la política y sus profesionales no me ha reportado más que sinsabores.

Se trata de exponer nuestras reivindicaciones –ojo, no tienen por qué ser unitarias para todo el territorio nacional, ya que, aparte de los generales, el colectivo cinegético de cada autonomía precisará reclamar satisfacción a despropósitos específicos–, que se atiendan nuestras sugerencias como conocedores de la materia y principales interesados en perpetuar nuestra afición –que no hará sino repercutir en beneficio general, la sostenibilidad del medio ambiente rural depende en buena parte de nosotros–, escuchar las contraofertas de todos los partidos y finalmente elegir aquélla que se adecue a nuestros legítimos intereses.

Lo aquí esbozado puede parecer una quimera, una alucinación producto del último cabreo. Aunque dedíquenle un pensamiento y verán que puede resultar factible. Si la idea la tenemos clara, tan sólo es cuestión de organizarse. Desde luego lo incontrovertible y que debemos tener muy presente es que lo que no consigamos a nuestra instancia, nadie nos lo va a conceder de oficio.

Somos el blanco a batir para los políticos del talante y sus jaleadores pseudoecologistas y, si no reaccionamos, nos quedan tres telediarios. Aún estamos a tiempo, ustedes tienen la palabra.