A partir de ahora, las organizaciones ecologistas podrán beneficiarse de la recaudación que se obtiene a través de la casilla destinada a “fines sociales” que marcan en la declaración del IRPF quienes desean que el 0,7 por ciento de ese impuesto se destine a subvencionar actividades de interés social.

El Consejo de Ministros decidió en mayo que las organizaciones no gubernamentales de carácter medioambiental se equiparasen a las organizaciones de ayuda al desarrollo y de carácter social. De esta forma, el Ministerio de Medio Ambiente se sirve un buen pedazo del pastel del IRPF destinado a las ONGs, algo que hasta ahora era competencia de los ministerios de Trabajo y de Asuntos Exteriores.

Esto se traduce en que una parte del dinero de todos los españoles, incluidos los millones de personas vinculadas a la caza, se entregue a organizaciones ecologistas que por sistema no dejan de criticarnos. O lo que es lo mismo, tres millones de euros que el Estado entrega a todos aquellos que, organizados, dicen preocuparse o se preocupan por el medio ambiente. Nuestro dinero, nuestros cotos, las mejoras que hacemos en ellos para nuestras especies en forma de comederos, bebederos, limpieza de montes, siembras y un largo etcétera no obtienen reconocimiento alguno, pero las voces, el escándalo y el sensacionalismo sacan una buena tajada de un dinero que es de todos. Pues nada, que la Federación, la Oficina Nacional de la Caza o cualquier sociedad de cazadores inicie los trámites para convertirse en una ONG ambiental. Al fin y al cabo, ¿no es la caza racional una estupenda y pragmática herramienta para la conservación de la naturaleza?