El Tribunal Europeo de Justicia que ha dado la razón a la Comisión Europea tras estudiar la denuncia contra España por incumplir la directiva sobre conservación de las aves silvestres y ha afirmado que las zonas especiales de protección para aves (ZEPA) de siete comunidades autónomas no son suficientes.

España tiene designadas un total de 427 zonas de protección para aves, correspondientes a casi ocho mil hectáreas y equivalentes a 15,8 por ciento del territorio español. Sin embargo, y mientras el Gobierno español defiende que la red de ZEPA española dobla a la media europea del 6,89 por ciento, Bruselas se ha empeñado desde 2001 en corregir los puntos en los que España vulnera la norma europea.

La CE lanzó su primera advertencia al Gobierno español en enero de 2001 y denunció que en el territorio español no habían sido designadas ZEPAS suficientes en superficie en Andalucía, Baleares y Canarias, y que tampoco lo eran suficientes en número en estas tres comunidades y en Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Valencia.

Ante la pasividad española, desde Bruselas se terminó por recurrir el caso ante la justicia europea, que el pasado mes de junio estimó que España no ha declarado zonas especiales todas las áreas que, según los criterios ornitológicos, son las más adecuadas para la conservación de especies amenazadas.

Uno de los ejemplos que han puesto es Castilla-La Mancha, donde según la Comisión Europea se han obviado diez zonas importantes para la conservación. Es el caso de Torrijos (Toledo), donde la presencia de 150 a 200 avutardas debería servir, según ellos, para declarar la zona especial y prohibir la caza de aves en ese territorio.