A estas alturas de la temporada todo el mundo conoce el conflicto a dos bandas de los agentes forestales –de Comisiones, de UGT y otras comparsas– y la ministra Narbona, o sea, el PSOE por un lado y la Comunidad de Madrid, por el otro. El asunto u objeto del conflicto es una ley, aprobada por la Asamblea de Madrid, según la cual los agentes forestales no pueden entrar en las fincas privadas sin la previa autorización judicial. Los forestales –los de CCOO, UGT y otros comparsas–, muy enfadados, entienden –y resumo la prensa– que sin su vigilancia en el interior de las fincas privadas se pueden producir incendios forestales y el vertido de toda clase de residuos, etcétera. Yo, la verdad, no sé muy bien qué quieren decir con esto, si es que hasta ahora los propietarios no han incendiado sus fincas por la vigilancia de los agentes forestales, etcétera, y si allí, por tanto, donde han vigilado nunca se ha producido un incendio, etc; y lo mismo en cuanto al vertido de residuos. Que no lo entiendo, ya digo, como no entiendo tampoco que hasta los serenos –que ya no existen– quieran ser “agentes de la autoridad”. Por su parte, Narbona –y entrecomillo El País (27-07-07, página 27)– “acusó a Aguirre de romper España por obligar a que los agentes forestales sólo puedan entrar en fincas privadas con mandamiento judicial. Al PP se le llena la boca de España, pero confunde el interés general de los madrileños con los particulares, más concretamente con los intereses de los propietarios de fincas privadas”. Asombroso: 1º) Ahora resulta que por un mandamiento judicial para entrar en una finca en Madrid se ¡rompe España!. 2º) Si es así, ¿cómo habría que llamar entonces a lo de Navarra, País Vasco y Cataluña, etcétera? 3º) Y en otra aportación novedosa de la ministra, también resulta ahora que el “interés general de los madrileños” se ve seriamente amenazado por un mandamiento judicial para entrar en una finca privada. A mí, particularmente, me da igual el mandamiento judicial, por dos razones: la primera porque no tengo finca privada en la que pegar fuego o echar residuos tóxicos y peligrosos y, la segunda, porque si los propietarios privados para cuyas fincas se exige la autorización judicial no dicen esta boca es mía, ¿por qué me he de preocupar yo? A mí y aquí me interesan sólo los aspectos legales y las contradicciones políticas relacionadas con la ley. Ahí voy: 1) La ley de Madrid dice que para entrar en las fincas privadas los agentes forestales necesitan un mandamiento judicial. Por tal motivo, el PSOE y los agentes de Comisiones y UGT han montado una escandalera con el correspondiente apoyo mediático. 2) En Andalucía está gobernando el Partido Socialista y, creo, hay muchos agentes forestales de CCOO y UGT que, si no recuerdo mal, se mantuvieron en el más riguroso silencio público en un caso prácticamente idéntico, que es el siguiente: 3) La Ley de Fauna y Flora de Andalucía dice, en su artículo 65.2, lo siguiente: “Las autoridades y sus agentes en el ejercicio de las funciones anteriores podrán acceder a todo tipo de terrenos e instalaciones, previa comunicación al propietario, salvo caso de urgente necesidad en que la notificación se efectuará con posterioridad al acceso y sin perjuicio de la obtención de autorización judicial cuando se requiera”. a) En la Andalucía del PSOE, contrariamente a lo que venía ocurriendo en el Madrid del PP, los agentes no pueden entrar, sin más y cuando les parezca oportuno, en las fincas privadas: deben notificarlo previamente al propietario. b) La notificación es previa y, por tanto, ningún agente puede entrar sin antes haber cursado la “notificación” al propietario de la finca. c) Como es natural, queda exenta de notificación previa –pero se mantiene a posteriori– la urgente necesidad. d) Y se exige la autorización judicial para entrar en las fincas “cuando se requiera”. Si bien, este punto, que yo sepa, no ha sido desarrollado, de manera que se desconoce el alcance de “cuando se requiera”. e) En efecto, no es idéntico el texto de las leyes madrileña y andaluza, pero sí lo es desde el punto de vista práctico: los agentes no puedan entrar sin más requisitos ni contemplaciones; el propietario debe saber antes que van a entrar, bien mediante notificación administrativa previa, bien mediante autorización judicial igualmente previa. f) No obstante lo cual, en Andalucía no se ha “confundido el interés general de los andaluces con los intereses particulares de los propietarios” ni, que se sepa, se ha “roto España”, y no recuerdo que los agentes –por supuesto “de la autoridad”– andaluces hicieran manifestaciones y demás por la “atroz” limitación de sus competencias. Y termino: estoy convencido de que, dadas las dificultades que tiene el asunto, entre las cuales la más importante es que los tribunales de justicia no van a aceptar el mandamiento judicial sin más ni más, la solución mejor, la más racional y, quizás, la única posible es la del artículo 65.2 de la Ley de Flora y Fauna de Andalucía. Y así, además, tenemos la garantía de que España no se va a romper por un mandamiento judicial de nada, aunque se rompa por otras causas, ministra.