La corte no se había pronunciado de manera tajante sobre la Segunda Enmienda desde su ratificación en 1791. La cláusula, que forma parte de la Carta de Derechos agregada a la Constitución, dice: “Puesto que una milicia bien regulada es necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo de tener y portar armas no será infringido”. Para los jueces, la cuestión fundamental fue si la enmienda protege el derecho del individuo a poseer armas por cualquier motivo, o si ese derecho está vinculado de algún modo al servicio en una milicia estatal.