Al parecer, miembros del Seprona están denunciando a las rehalas interpretando que transportan “animales de producción con ánimo de lucro”, algo ya superado en distintas normativas tanto de carácter autonómico como estatal. El artículo 2.2.c) del Decreto 751/06 dice que el transporte de perros está exento del ámbito de la aplicación de esta norma. Así, están pidiendo a los rehaleros el libro de entrada y salida de la explotación ganadera, que no tienen al no ser los perros animales de producción. Así hizo por ejemplo la patrulla del Seprona de La Palma del Condado (Huelva) en la montería de La Acebuchosa (Villalba-Huelva), donde pidieron también los justificantes de la adquisición de los productos farmaceúticos que componen los botiquines.

La patrulla de El Ronquillo (Sevilla) también exigió a un rehalero que participaba en la montería La Polana, de Almadén de la Plata, la licencia de perrero, cuando todo el mundo sabe que el art. 71.2 del Decreto 182/05 que aprueba el Reglamento de Flora y Fauna en Andalucía exime a los perreros de estar amparados por licencia de caza. Lo mismo ocurrió en Andújar el 7 de noviembre en la montería de El Rincón Bajo.

Pero también están exigiendo cosas absurdas. Un perrero de Huelva fue denunciado por llevar los perros sueltos en el remolque, y después de haber llevado las modificaciones oportunas, a la semana siguiente en Córdoba fue denunciado por llevar los perros atados. En los dos casos intervino como denunciante una patrulla del Seprona.

Todo esto está devaluando la imagen del Seprona ante los perreros, cuya consigna, auspiciada también por la Asociación Española de Rehalas, es dejar que estas denuncias sigan su curso. Asimismo esta Asociación ha solicitado una reunión con la Jefatura del Seprona para pedir explicaciones.

Al mundo de la rehala le extraña esta especie de caza de brujas cuando precisamente la sintonía con las administraciones es creciente. De hecho Extremadura acaba de modificar el régimen de desinfección en centros autorizados para permitir la desinfección de los remolques en las propias perreras como establece el R.D. 363/09.

Cuatro años después, afirmaba este periódico, la Junta reforma lo reformado y propone la siguiente redacción: “La responsabilidad por los accidentes de tráfico provocados por las especies cinéticas se determinará conforme a la normativa sobre tráfico y seguridad vial vigente”. Es decir, una vuelta al principio, quizá provocada por la disparidad de criterios que reinaba en las diferentes audiencias provinciales de esta comunidad, en la que en unos territorios se trataba de proteger los derechos de los titulares de terrenos cinegéticos mientras que en otros eran los propios titulares los que debían acreditar su inocencia para salir indemnes.