En principio, el documento mantiene las zonas de seguridad en las que tradicionalmente no ha estado permitido disparar: caminos, pistas forestales, ríos, núcleos habitados, líneas de tren... Y extiende ahora esa prohibición a los paseos que frecuentan ciclistas y excursionistas. Sin embargo, otorga a los gobiernos forales la facultad de establecer excepciones: tanto para seguir permitiendo los puestos de tiro ya aprobados en las actuales zonas de seguridad como para fijar otros nuevos en las que se creen en el futuro.

El borrador fue negociado con las diputaciones, que se encargan de desarrollar las normativas generales en sus respectivos territorios. También fue consensuado con las federaciones provinciales de caza, que en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa gestionan los puestos de tiro. Sin embargo, los ecologistas rechazaron inmediatamente el acuerdo. A su modo de ver, no garantizaba la seguridad de los excursionistas en ambas provincias, en las que se practica la caza libre, especialmente de aves migratorias.

Aunque tiene competencias exclusivas, el País Vasco se rige por una norma estatal de hace 39 años que se ha quedado desfasada. Hace cuatro décadas no había bidegorris ni vías verdes como tales, pero desde entonces han aumentado las reivindicaciones de naturalistas, excursionistas, agroturismos e inquilinos de chalés y urbanizaciones, colectivos cada vez más presentes en espacios rurales por los que antes no pasaba nadie.