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Cambios en las leyes de caza de Galicia y Castilla-La Mancha

Última actualización 01/03/2007@00:00:00 GMT+1
Las leyes de caza de Castilla-La Mancha y Galicia han sido reformadas en algunos aspectos. Por ejemplo la ley gallega reconoce los atropellos de especies cinegéticas como un asunto de seguridad vial, no de caza, y Castilla-La Mancha ha autorizado el hurón, la cetrería, y ha prohibido mallar fincas con menos de mil hectáreas y cazar en enclavados de menos de cien hectáreas.
La atribución a las comunidades autónomas de competencia exclusiva en materia de caza ha permitido que, salvo Madrid, Cataluña y el País Vasco, todas hayan promulgado sus leyes. Incluso algunas, como Aragón, Murcia o Navarra, han sustituido sus primeras leyes por las de una segunda generación.

Otras comunidades han modificado su ley; así lo ha hecho, por ejemplo, Extremadura, obligada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 1998 que, en parte, suavizó la demagogia barata que inspiraba la Ley de 21 de diciembre de 1990; pero sigue haciendo falta un nuevo texto legal.

Las últimas leyes modificadas han sido las de Galicia, por Ley de 23 de octubre de 2006, y la de Castilla-La Mancha, Ley de 5 de octubre de 2006. La ley gallega y los atropellos Por lo que respecta a Galicia, alguna de las modificaciones introducidas me parecen intrascendentes; así, cuando se define en el art. 2 la acción de cazar, sustituir la frase “con el fin de darles muertes, apropiarse de ellos o facilitar su captura por un tercero” por “a fin de cobrarlos, apropiarse de ellos o facilitar su captura por un tercero”. Otras, como la relativa a zonas de seguridad, mantenimiento de los “Tecor” en caso de pérdida parcial de derechos cinegéticos, pruebas para detectar alcohol o drogas, tienen mayor enjundia.

De todos los cambios, subrayaría el que se refiere a los accidentes provocados por las piezas de caza que invaden la carretera. Desde hace años en congresos, libros y revistas –también en TROFEO– vengo defendiendo que estos accidentes nada tienen que ver con la acción de cazar y deben regirse por la legislación sobre tráfico y seguridad vial, competencia exclusiva del Estado. Pues bien, la nueva Ley modifica el art. 23.1, que ahora dice: “En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas los daños personales y patrimoniales se atendrán a lo dispuesto en la normativa estatal en materia de seguridad vial existente al respecto”. Ésta es la buena doctrina; contrasta con la de la Ley del Reino de Navarra que, invadiendo competencias estatales, regula en el art. 86 la materia. Parece mentira que con una misma Constitución se puedan dar estas contradicciones: pero del barullo jurídico del “estado de las autonomías” puede esperarse cualquier cosa.
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