El madrileño estaba acompañado por G. P. I., un vecino de Sabiñánigo de 37 años que actuaba como guía y al que le constan varias detenciones por atentados contra la fauna. Ha actuado como guía para furtivos en otras ocasiones. En estas fechas iba a ser juzgado por uno de esos episodios en Soria.

Las identificaciones de estas dos personas y la entrega del atestado en el juzgado número 1 de Jaca supusieron la puesta en marcha de la Operación Rupicabra, que llevó al desmantelamiento de “una red organizada dedicada a la gestión de cacerías furtivas en distintos puntos del territorio nacional y de ejemplares de diversas especies”, según informó la Guardia Civil. El grupo cobraba por cada pieza una cantidad previamente pactada que oscilaba entre los 2.500 y los 3.000 euros.