La operación comenzó en enero, cuando el Seprona tuvo constancia de prácticas expoliadoras en algunos nidos de la provincia de Ciudad Real, que también tenían conexiones con otras comunidades autónomas, entre las que se encontraban Andalucía, Murcia, Galicia, Asturias y el País Vasco. Las investigaciones constataron la existencia de una red de personas aficionadas a la cetrería que eran quienes cometían estos delitos. Los implicados tenían distintos grados de implicación; unos se dedicaban al expolio directo de nidos y otros elaboraban documentos y anillas falsas para identificar a los ejemplares.

La Guardia Civil procedió al registro de veintiún domicilios y varios locales y en uno de Murcia encontraron una incubadora de rapaces con dos huevos, material informático y quirúrgico, un revólver, 15.000 euros en efectivo, trampas y documentos de cesión de aves rapaces, así como anillas para identificar a las mismas. Los precios de compra de los pollos robados podrían oscilar entre los 1.000 y los 3.000 euros, aunque fuentes policiales han descubierto transferencias bancarias por valor de hasta 18.000. De este modo, la Guardia Civil estima que el valor económico de este negocio fraudulento podría cifrarse entre los 200.000 y los 400.000 euros anuales.

Entre los imputados se encuentran 3 empleados y el director del centro de cría en cautividad del águila imperial San Jerónimo, de Sevilla, que llevaba nueve años falsificando datos que justificasen el éxito de su trabajo para poder seguir cobrando las subvenciones que le proporcionaba la Junta de Andalucía. Según el Seprona, los implicados robaban huevos y pollos de águila imperial y los llevaban al centro para cobrar la subvención de la administración, de casi un millón de euros al año.