Que la caza es compatible con las áreas o espacios protegidos es una obviedad, una verdad tan grande como Gredos. La propia realidad lo demuestra porque todos estos espacios fueron o son cotos de caza. Cotos de caza fueron los parques nacionales de Doñana, Picos de Europa o Cabañeros y cotos de caza siguen siendo la inmensa mayoría de parques naturales, la mayor parte de la Red Natura o cualquier terreno bendecido con alguna figura de protección. Dicho esto, ¿qué importancia tiene entonces esta obviedad nacida de este Primer Encuentro que ha organizado Aproca-Castilla-La Mancha sobre “La gestión cinegética en las áreas protegidas”? Pues mucha y por varias razones. Una puede ser porque este encuentro ha reunido a gran parte del sector cinegético de este país, se ha puesto de acuerdo en algo –aunque sea una evidencia– y lo ha sabido comunicar. Pero en este encuentro no sólo ha participado una amplia representación del sector cinegético, sino también serias asociaciones conservacionistas –Sociedad Española de Ornitología (SEO), Fundación Oso Pardo, Fundación CBD Hábitat, Fundación Amigos del Águila Imperial–, los máximos responsables de importantes proyectos y/o centros de investigación –Juan Carlos Blanco, de Proyecto Lobo; Miguel Ángel Simón, responsable del Proyecto Lince, o Christian Gortázar, director del IREC– y por supuesto la Administración. En una mesa redonda estuvieron los directores generales de Medio Natural, los que “mandan” en la caza, de Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, así como otros altos representantes de Galicia y Extremadura. Que Administración, grupos conservacionistas, investigadores y sector cinegético se pongan de acuerdo en la obviedad que da título a este artículo me parece muy interesante, casi un hito histórico al que habrá que ir dando forma sobre el terreno, sobre esas miles de hectáreas acotadas y afectadas con algún grado de protección. Quiero decir que las palabras y las buenas intenciones hay que transformarlas en ejemplos prácticos como dejar de criminalizar a la caza en los espacios protegidos o que la Administración tenga más en cuenta a los gestores cinegéticos y a los propietarios rurales a la hora de establecer posibles límites a la actividad cinegética.