La custodia del territorio es una herramienta de conservación del patrimonio natural, cultural y paisajístico de nuestro país, prevista en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que se establece a través de contratos voluntarios entre entidades de custodia (entidades privadas y públicas no lucrativas) y los propietarios y gestores de lugares de especial valor, ya que gran parte de la naturaleza española se encuentra dentro de fincas tanto privadas como públicas.