Estos tres años pasan a constituir la mayor suspensión por veneno dada hasta la fecha en Castilla-La Mancha. En consonancia con la gravedad de los hechos y de los daños causados a la fauna, el periodo de tres años es el que técnicamente se ha estimado necesario para poder recuperar la zona. Con esta acción, la Consejería de Agricultura, a través de la Delegación de Toledo, cumple con su obligación de aplicar la Ley y pone de manifiesto la necesidad de un compromiso riguroso y ejemplar en este tipo de casos de envenenamiento.