No íbamos a ser menos los cazadores cuando se tratara de padecer la falta de temor que actualmente existe en el país por parte de ladrones, peristas, cuatreros y toda especie de amigos de lo ajeno.

Entrando en detalle en la parte que nos afecta, desde mi punto de vista y asentando previamente que no soy experto en derecho, el robo de perros de caza tiene una serie de matices que merece la pena considerar detenidamente.

El robo de perros no sólo provoca un daño patrimonial –por el valor económico de los animales– y emocional a su dueño, sino que alimenta también un mercado negro y enmascara otros negocios muchísimo más crueles. No hace demasiado tiempo se conoció redes de traficantes que proveían a laboratorios farmacéuticos de perros de caza españoles que eran usados como cobayas y no es infrecuente la aparición de perros de caza en peleas ilegales de perros.

Actualmente se exige a los propietarios de perros que identifiquen legalmente a sus canes mediante la implantación del microchip y el alta inmediata en la base de datos RAIA, accesible para veterinarios y personal autorizado a través de Internet.

Este artilugio posibilita, en caso de que el animal cometa algún desmán, que se imputen los gastos del descalabro al propietario del mismo. Hasta ahí bien, aunque se han dado casos de individuos que han invadido una propiedad privada vigilada por un perro, éste le ha mordido y han demandado al dueño del animal.

Pero, ¿qué ocurre si se encuentra un perro con microchip en manos de un señor que no es su titular? Sencillamente nada. Basta con que el hombre diga que se lo ha encontrado mientras paseaba para que se quede tan pancho y no recaiga responsabilidad alguna sobre él. Y si el propietario legal del perro pretende recuperarlo, si es que lo consigue, el señor que “se lo encontró” puede pedirle manutención del animal, vacunas, gastos veterinarios, de residencia…, en fin, un dineral por recuperar su querido compañero de caza, que casi con toda seguridad fue robado de su perrera o en un momento de descuido mientras cazaba o campeaba con él.

Es por tanto necesario, como contraprestación al impuesto que supone el microchip, disponer la obligación legal de toda persona que, de alguna manera, se haga cargo de un perro extraviado, de llevarlo a algún lugar donde se pueda identificar al dueño del animal, anulando de esta manera la excusa típica de “me lo encontré y me lo quedé”.

Extraen el microhip
Aún así, muchos chorizos que se dedican al robo de perros de caza para su posterior venta fraudulenta tienen verdadero vicio para detectar palpando la posición exacta en que está fijado el chip –por prescripciones de implantación, en la parte izquierda del cuello, bajo la piel– y mediante un corte preciso, extraerlo sin más.

A los pocos días, una vez disimulada la cicatriz, incluso tienen la desfachatez de implantarle otro microchip a su nombre, con lo cual, ya pueden sacar el perro a pasear, a cazar, o exponerlo para su venta porque legalmente es suyo.

Por tanto, la sensación que tenemos muchos propietarios de perros de caza es que el microchip es un instrumento de control del propietario de buena fe, que cumple sus obligaciones legales, pero en modo alguno es solución definitiva para evitar el robo de nuestros queridos compañeros de fatigas.

Los perros de caza, normalmente y sobre todo cuando se tiene más de uno, son difíciles de mantener en la propia vivienda, alojándolos sus propietarios en perreras de pago, que aunque vigiladas, tienen otra serie de inconvenientes como pueden ser el contagio de enfermedades o, incluso, como le ocurrió a un buen amigo, el que usaran su perro para montas con beneficio para el desaprensivo que se lo cuidaba, sin que esto quiera decir que la mayoría de los que se dedican a este negocio no sean personas honradas y con adecuadas instalaciones sanitarias, en cuyo caso, por lógica, el coste del alojamiento irá en proporción a las condiciones ofrecidas.

Otros construyen verdaderos bunkers de hormigón y acero con sofisticados sistemas de vigilancia en fincas privadas. Pregúntenle a los galgueros.

En cualquier caso, la protección adecuada de un perro de caza suele costar un dinero que, en caso de sorprender a un ladrón con las manos en la masa, no se suele repercutir en indemnización para el propietario. Lo cual anima aún más a este tipo de delincuentes. Y no digamos nada del valor sentimental del animal, ya que nos están secuestrando a un ser querido, con los correspondientes trastornos psíquicos que ello pueda ocasionar, sobre todo si el propietario o persona de más contacto es un niño. Esta cuestión tampoco se tiene en cuenta a la hora de condenar al elemento causante del daño.

Se da además la circunstancia de que los perros robados suelen ser vendidos por un valor ínfimo, lo que se traduce en que esta práctica produce un perjuicio descompensado al que la sufre en comparación con el beneficio que obtiene el que la comete.

Pienso que la posible mitigación de este problema pasa por distintas acciones entre las que no serían baladíes, en primer lugar, endurecer los castigos a los ladrones convictos, imputándoles todas los costes de que hemos hablado anteriormente, sobre todo la reparación del daño psíquico, que mediante algunas condenas ejemplares y debidamente publicadas, podrían ser bastante disuasorias.

Luego, entonar el mea culpa y que un cazador nunca comprara un perro de caza de dudosa procedencia ni sin los correspondientes documentos acreditativos de la titularidad por parte del que vende. Otra sería frecuentar los controles de microchip en clínicas veterinarias e incluso, en el campo, por parte de la Guardia Civil, que lo mismo que solicita la identificación correcta del arma, seguro del cazador y licencia, comprobasen la titularidad del perro mediante un lector de microchip. Y sobre todo hacer más efectivo este sistema de identificación de cara a posibles falsificaciones, por ejemplo, mediante el tatuaje en el perro de una clave corta en directa correspondencia con el microchip que lleva implantado, por ejemplo como pasa con la letra del DNI de los ciudadanos.

Todo esto se traduce en que las autoridades pusiesen el mismo celo en condenar el daño a un perro de caza, que es único para su dueño, que el que ponen, muy acertadamente por cierto, cuando se causa un daño a un animal en peligro de extinción