Marie-Claude Blin, jefe adjunto en la Dirección
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea
Última actualización 01/02/2007@00:00:00 GMT+1
En San Lorenzo de El Escorial se celebró este verano el curso “Naturaleza vs Desarrollo en España: el futuro está en nuestras manos”, organizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA).
Durante el curso se hizo un análisis de la situación de la gestión de la naturaleza en España. A este foro acudió como ponente Marie-Claude Blin, jefe adjunto en la Dirección General de Medio Ambiente, a quien le preguntamos sobre la Red Natura, los propietarios y la caza.
Alabras la Red Natura 2000?
La Red Natura 2000 es el buque insignia de Europa en temas de biodiversidad, es un mecanismo necesario para conservar el medio natural. Desde la Unión Europea debemos empezar a tener en cuenta los sistemas naturales más representativos de la Unión Europea. Es necesario certificar y estudiar científicamente cada uno de los ecosistemas de los estados miembros. El mecanismo de certificación de estos espacios pasa por una propuesta por parte de los estados que luego debe ser aceptada por la Comisión. Estas listas vienen a propuesta de los gobiernos regionales de cada zona europea. Casi el 70 por ciento del terreno que luego es Red Natura está en manos de propietarios privados.
¿Por qué son los gobiernos regionales los que deciden qué terrenos son Red Natura y cuáles no?
La legislación europea que se aplica en esta designación son las Directivas de Hábitats y de Aves. Estas directivas fijan obligaciones, pero dejan un margen de maniobra a los estados miembros para lograr los objetivos. Por ello son los gobiernos nacionales o regionales los que proponen nuevas zonas candidatas a constituirse como lugares de la Red Natura 2000. Los trámites para constituirse como parte de la Red se dividen en dos partes. La primera de ellas es la propuesta del sitio a la Comisión, la segunda es su inclusión, tras un análisis científico, en una lista de Lugares de Importancia Comunitaria, los llamados LICs. Este análisis se efectúa según su región biogeográfica, destacando aquellas que albergan ecosistemas comparables. España alberga parte de las regiones biogeográficas alpina, atlántica, continental y mediterránea.
La Directiva Aves y la Directiva de Hábitats persiguen el objetivo común de protección con una base científica. Los estados miembros poseen total subsidiariedad para la designación de la base científica. Además existen otras obligaciones particulares de las directivas como las referidas a la caza. Las Zonas Especiales de Conservación de Aves (ZEPAS) también han sido incluidas en la Red Natura.
Desde la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEM/EEA) en Dinamarca y el Centro Temático para la Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad en París, se otorgan una serie de ayudas en materia científica para colaborar con los estados miembros.
Las propuestas de asignación se discuten en un seminario en el que están representados los diferentes estados miembros. Tras ello, el estado miembro dará su aprobación y la comisión decidirá acerca de la propuesta. Las listas de las zonas propuestas se publican en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas y se encuentran disponibles a través de la página web de la Comisión.
¿La primera propuesta para designar una zona como parte de la Red Natura 2000 corre siempre a cargo del estado?
Sí, dependen del estado miembro. Serán propuestas de la Administración central o autonómica/regional. Depende de la situación administrativa de cada país.
¿Cómo es posible que los propietarios de los sitios no participen en el proceso?
En la Directiva Hábitat existe un artículo que dictamina que las propuestas están en manos de los estados miembros o de las regiones. Por lo tanto este punto no es competencia de Bruselas, sino que corresponde a la política interna de cada estado.
Desde Bruselas buscamos que exista una participación de los propietarios en este proceso. Aunque no podamos obligar a los estados miembros a realizar ciertas acciones, apoyamos a los países para que busquen la intervención del público y consultar sus propuestas a nivel regional, local o nacional, aún siendo ésta su exclusiva responsabilidad. El problema no es fácil de resolver y las respuestas de los estados miembros son muy diferentes entre sí debido a dificultades que poseen muchos de ellos para contactar con la población de las zonas afectadas. En varias zonas se han tomado decisiones con el papel científico en la mano pero sin una participación popular suficiente.
En este punto hay que destacar el problema de comunicación existente con los cazadores europeos. Este problema se está resolviendo en los últimos cinco años gracias a mesas redondas que hemos organizado con el fin de poner las cartas sobre la mesa. Estas actividades tuvieron como resultado un convenio de caza sostenible. El acuerdo, que fue firmado por la federación de caza europea, tuvo lugar en Bruselas con la presencia de la Comisaria Europea, Margaret Walstrom. Este acuerdo no supone una interrupción de la actividad cinegética en la red Natura 2000, sino que busca realizarla de un modo cabal.
En este aspecto y a modo de ejemplo, la Directiva Aves deja claro que no se puede realizar esta actividad cuando las aves están en una situación vulnerable como la reproducción o la migración.
Si el lugar designado no se encuentra protegido bajo otra figura, ¿qué garantías de protección existen si no hay una legislación local al respecto?
Cuando el sitio está en la situación de propuesta, la regla del tribunal de Luxemburgo es que hay que asegurar la protección del lugar, aunque no haya obligación de aplicar el artículo 6.4 de la Directiva Hábitat. Este artículo destaca que en caso de existir un programa o proyecto que pueda afectar significativamente a la Red Natura, el estado debe estudiar las alternativas para evitar esto. En caso de ser una carretera o similar para la que no exista alternativa posible, sólo se podrá autorizar su realización por razones de interés público superior, de salud, seguridad, etc. siempre y cuando se pongan en marcha medidas compensatorias que garanticen la coherencia general de la Red Natura 2000.
La financiación de la Red
En cuanto a la financiación, en 2003 un estudio de expertos de la Comisión valoraba la Red Natura de la Europa de los 15 en 5.700 millones de euros de coste. España aportaba entonces un 22 por ciento de su territorio a la Red, lo que suponía un gasto de 1.500 millones de euros. Hay muchas voces que piden una financiación específica para los LICs.
No es que Europa no quiera aportar este dinero, pero hay que tener en cuenta que las aportaciones monetarias deben seguir las mismas reglas de la financiación pública para otras áreas.
A este respecto, el Tribunal de Cuentas de Luxemburgo ha exigido un sistema integrado para el uso del dinero comunitario. Antes funcionábamos con el sistema Life con tres partes, una ambiental, otra dedicada a la naturaleza y otra a los terceros estados fuera de las fronteras europeas. En adelante, el instrumento de trabajo será Life+. Este tendrá varios pilares. Pero como el reglamento Life+ va a ser aplicado a partir del 1 de enero de 2007, es necesario que la decisión política sea completa. Existe la obligación de destinar un 40 por ciento de los fondos Life+ para naturaleza y biodiversidad.
En el procedimiento de Life Nature existía una oferta pública y por tanto Bruselas era responsable del uso y del seguimiento del dinero. Con Life+ no existen proyectos pero sí programas, y en cuanto a la gestión del dinero, está previsto que cada estado constituya una agencia nacional que se encargará de la gestión del dinero de Life+. Ésta es por tanto la diferencia. La financiación será en adelante responsabilidad del estado miembro.
¿Saldría beneficiado un estado con muchos LICS, como es el caso de España?
España posee una parte importante de su territorio en la Red Natura 2000, pero considera que con los criterios actuales no va a verse favorecida al contar con una amplia extensión de territorio bajo la Red Natura. Mi criterio es que es necesario un equilibrio presupuestario entre los ministerios de medio ambiente de los distintos estados miembros.
¿Debería el estado financiar por su cuenta los espacios de la Red Natura?
En este aspecto creo que la financiación es un ejercicio por parte de ambos lados. Europa necesita jugar su papel pero teniendo en cuenta que el dinero europeo es de todos los ciudadanos y por tanto se deben aunar esfuerzos por ambos frentes. En este sentido hemos redactado una guía de referencia sobre financiación de la Red Natura 2000 para el uso de los estados miembros con el fin de ayudar a los ministerios de medio ambiente en las negociaciones internas sobre las prioridades del país, el desarrollo rural, etcétera.
Gracias a Life+ se percibe un planteamiento más integrado. Necesitábamos una reforma global que no fuera dispersa sino que constituyera una herramienta única de trabajo. No es un instrumento más sino el instrumento de financiación en medidas medioambientales.
¿Agravio comparativo?
En España se percibe que en el resto de Europa los propietarios privados están muy contentos con la Red Natura 2000. Sin embargo, el propietario nacional se queja de que su finca se incluye en los proyectos sin que se haya contado con él, lo que genera rechazo. Además, tras ser incluida, sufre más restricciones, lo que les perjudica.
Este es un sistema global para todos los sectores, incluido el medioambiental. Para que el propietario tuviera acceso a una financiación no es posible presentar un proyecto porque no funciona a nivel individual. Necesitamos que el propietario entienda el profundo valor de su riqueza. Existen medidas de ayuda, existen posibilidades pero no están acostumbrados a acceder a ellas. En otros estados miembros se entienden mejor y se aplican estas medidas, pero hay que saber acceder a ellas. Es necesario ir a la población para explicar estas medidas.
El presupuesto asignado a la Comisión no le permite viajar desde Bruselas a los 25 países para explicar que hay dinero para financiar estas ayudas. Por ello, corresponde al estado informar a los propietarios. Sin embargo, este punto no es exigible. Si hay un problema en la aplicación de una directiva, tenemos el poder de decir al estado miembro que reaccione pero ello supondría más de dos años de trámites.
Yo creo que debemos ser positivos y creer que el trabajo en esta línea está comenzando. No me parece un problema desmesurado. En España no se vive una situación dramática a este respecto, hay espacio de diálogo y de explicación, existe una situación de confianza. Sin embargo, se trata de una co-financiació, no de una financiación completa. El estado debe decidir dónde pone su dinero. Si decide ponerlo en naturaleza, Bruselas co-financiará sin problemas.
La Red Natura 2000 supone ahora movimiento y no es el trabajo estático que se tenía hace unos años. Hay una evolución positiva. Se debe buscar la opinión del interés privado en el debate político, algo que intentamos impulsar por medio de grupos abiertos d