Diez asociaciones asturianas de criadores y ganaderos se han unido en una plataforma para exigir la reducción de la población de lobos asturiana y que esta especie pueda ser objeto de caza. La plataforma está constituida por las asociaciones de Criadores de Oveya Xalda, Gochu Asturcelta, Cabra Bermeya, Raza Asturcón, Raza Asturiana de la Montaña y Raza Asturiana de los Valles.

La Asociación de Pastores y Ganaderos del Oriente de Asturias y las asociaciones de ganaderos de Piloña, Lenenses y de “Damnificados por los daños del Llobu” también forman parte de esta plataforma, que fue presentada públicamente en diciembre del año pasado. La plataforma quiere que se reduzca la población de los lobos “hasta niveles compatibles con la actividad ganadera”, que se declaren zonas libres de esta especie y que el lobo sea considerado como especie cinegética. Entre otras de las reivindicaciones, se exige también la necesidad de que se dé cumplimiento “estricto” a la normativa municipal sobre perros domésticos, que se revisen los baremos de indemnización de daños causados por los lobos y que se acorten los plazos de pago. Según ellos, en los últimos siete años la población de lobos en el Principado prácticamente se ha triplicado, hecho que consideran incompatible con la actividad ganadera en amplias zonas de la región. Pero la Consejería de Medio Ambiente se ha pronunciado a través de un comunicado en el que señala que el objetivo del Plan de Gestión del Lobo es mantener la especie “en un nivel compatible con el adecuado desarrollo de los usos agrícolas y ganaderos” y que su programa de actuaciones se elabora en el seno del comité consultivo donde están representados sindicatos agrarios, grupos ecologistas y otras instituciones como la Universidad.

Los resultados de los tres programas anuales desarrollados hasta ahora son “alentadores” para lograr los objetivos planteados, según la Consejería, que incide además en que desde septiembre del año 2003, cuando se pusieron en marcha las primeras medidas del Plan, se ha mantenido un descenso permanente del número de expedientes aprobados por daños y del número de cabezas de ganado afectadas.