En esta ocasión, la certificación de calidad cinegética fue el tema elegido por el programa de la cadena COPE “Hablemos de caza y pesca” para su monográfico de febrero. Un asunto sin duda “controvertido y de actualidad”, comenzó diciendo el director y presentador del espacio radiofónico, Antonio López.

Un certificado que consiste en algo tan elemental como el conservacionismo y la necesidad de un respeto hacia cuanto nos rodea, “principios que no deberían de variar por motivos económicos y empresariales”, puntualizó. Si bien, “para aquéllos cuyo negocio radica en la explotación de la caza, lo normal es que rechacen cualquier normativa romántica y apliquen la fórmula más rentable que, por regla general, no suele coincidir con la más ecológica”.
“Por otra parte, quien debería de imponer y hacer oficiales los criterios oportunos –valoró Antonio López– tendría que ser la propia Administración, ya que una organización privada no puede imponer nada, tal vez sugerir y armonizar, y para ello ofrecer algún incentivo, como es el caso de la Fundación Gypaetus, que apoyada por la Junta de Andalucía y acogida al programa Life de la Unión Europea, se compromete técnica y económicamente a participar en algunos de estos proyectos, siempre que el acotado esté incluido en determinadas zonas comprendidas en la Red Natura 2000, o en espacios naturales protegidos o similares. Una nueva tentativa después de que otra sociedad, FUNGESA, o la Fundación Biodiversidad, tratara de llevarlo a cabo con anterioridad sin obtener ningún resultado positivo”.
“La realidad –señaló el presentador– es que ya existe perfectamente reglada la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, que depende del Ministerio de Industria y cuya gestora es la Asociación Española de Normalización, AENOR, organismo autónomo que tiene la facultad de expedir estos certificados”.

Invitados
Y para hablar de estas y otras cuestiones estuvieron presentes en el restaurante La Casuca (C/Agustín de Foxá 16-18), Eduardo Coca Vita, José Miguel Montoya, en esta ocasión acompañado de su esposa Marisa Mesón García, doctora en Ciencias Biológicas, ambos especializados en ordenación de recursos naturales; Jesús Alcanda, ingeniero forestal y auditor de calidad; Joaquín España Aguado, José García Escorial, director de la revista Tierras de Caza y responsable de la empresa cinegética Safari Headlands; Manuel Llamas de Iriarte, doctor en medicina, y José Ignacio Ñudi, director de la revista Trofeo, co-productora del programa.

¿Qué entendemos por certificación?
“La certificación la realiza una empresa independiente, ajena a la Administración, que carece de interés económico directo, que es quien certifica que se está aprovechando la caza de manera compatible con la conservación de la naturaleza, siendo a la vez rentable económica y socialmente... Además no se trata de certificar una industria, sino un modelo de gestión... y no será de obligado cumplimeinto, simplemente la solicitará libremente quien lo desee”, aclaró José Miguel Montoya.

Dificultad de implantación
Un certificado que, según Coca Vita, “se encuentra con dificultades en lo que se refiere a su implantación”. Da la sensación de que “se trata más de introducir técnicas o figuras más propias de la producción industrial que de la naturaleza. Parece más una ocurrencia de la Administración que una necesidad de cazadores, organizadores o gestores”, concluyó el asesor en el Ministerio de Medio Ambiente. “Se trata de un disparate”, continuó García Escorial, “que sólo se entendería para la caza artificial”.

En general, para Jesús Alcanda, “normalizar el medio natural resulta complicado, si bien es necesario hacerlo en asuntos como jornadas de caza, presión cinegética o por ejemplo aspectos socioeconómicos de la gestión, de manera que el futuro cliente no se sienta estafado”.

De todas formas, para el doctor Manuel Llamas, “lo natural no es reglamentable, sino que debe de evolucionar por sus propios medios”.

Planes de gestión cinegética
Para Joaquín España, “si lo que se trata es de establecer un equilibrio entre lo que el monte produce y lo que el hombre puede cazar, esto ya lo intenta conseguir los criticados planes técnicos”, a lo que José Ignacio Ñudi añadió: “Precisamente la certificación ha aparecido ante el fracaso de los citados planes”.

Marisa Mesón resaltó la sobrepresión que existe en muchos cotos, un hecho que “desacredita mucho la caza”. Por eso, “hoy más que nunca resulta necesario un sistema serio que certifique que se está cazando bien”.

Picaresca
“¿Podría la certificación dar rienda suelta a la picaresca?”, planteó Antonio López, cuestión que resolvió Montoya asegurando que más bien se trata de todo lo contrario. “Si un profesional especializado en caza, auditor en calidad, se hace responsable de la certificación, arriesgaría su nombre, su prestigio y su negocio, al realizar un certificado falso, lo que le podría costar la ruina”.

Ante esto, Eduardo Coca manifestó que pensar que las empresas privadas auditoras y certificantes de calidad iban a arreglar el problema de la caza, cuando la Administración con todo su poder y su independencia no lo había logrado, “parece más bien una utopía”. Pero discrepó Montoya: “Una administración que, como se ha demostrado, ha fracasado en materia de caza, lo que, por extensión, ha puesto en el punto de mira de la sociedad a los cazadores”.
“Con la certificación –intervino Ñudi– se evitaría parte de esa suspicacia que existe hacia la caza y los cazadores al certificarse públicamente que las cosas se están haciendo bien”.

Intereses económicos
“A priori, puede parecer que la certificación de calidad sólo interesa a los que venden la caza –reflexionó Coca–; es más, resulta complicado imaginarse al gestor de su propio coto solicitándola”. En cualquier caso, para Marisa Mesón, “al tratarse de un servicio voluntario, no se obliga a nadie, aunque seguro que muchos cotos querrán que se les certifique por muchas razones, como que la administración pueda otorgar alguna ayuda compensatoria”.

Costes
No se sabe con exactitud el coste que supondría la certificación, si bien, simplificando, se podría decir que “certificar un coto típico podría equivaler más o menos al precio anual de una o dos acciones de caza. Además esta certificación serviría para 5 años”, calculó Montoya.

En cualquier caso, “la normalización supondrá un encarecimiento de la actividad cinegética y no sabemos hasta qué punto los cazadores podrán soportarlo económicamente”, señaló Joaquín España.

Conclusiones
Para finalizar, Manuel Llamas resaltó “el disparate que supone el poner puertas al campo”. Marisa Mesón defendió de nuevo la certificación, pero reconoció que el sector “está asustado porque no se sabe cómo van a emanar esas normas y en qué se van a basar. Lo que está claro es que al que caza bien no le va a importar”, concluyó.

Para José Miguel Montoya, “la certificación es algo muy beneficioso no sólo para la industria, sino también para la naturaleza y cuando llegue el momento y aparezca finalmente la normativa, ya se habrá hablado con los sectores interesados, por lo que, seguro, habrá un consenso”.

El temor, para Eduardo Coca, radica en que se busque la certificación “con fines comerciales, se convierta en una rutina, las empresas pierdan independencia y al final no sirva para nada”, una norma que, en opinión de José García Escorial “le vendrá de cine al campo que tenga puertas, que hay mucho”.

Jesús Alcanda manifestó que “cualquier servicio en la naturaleza, incluido el de la caza, se puede normalizar, siempre y cuando venga de la mano de una certificadora independiente”.

Joaquín España se mostró más convencido que en un principio, pero reconoció su miedo ante esta nueva normativa y José Ignacio Ñudi señaló que “la certificación va a dar más credibilidad a esa gente que siempre gestionó bien su coto y por ende a la caza”.