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Víctor Fabregat Secretario general de la Asociación de Armerías (ACACE)

Última actualización 01/05/2006@00:00:00 GMT+1
Víctor Fabregat es secretario general de la Asociación de Armerías (ACACE), creada en 1985 para defender los intereses de los armeros frente a la Administración, pues no es vano tanto estos profesionales como los usuarios de armas deportivas soportamos una de las legislaciones más restrictivas no sólo de Europa, sino del mundo.
Víctor Fabregat es Secretario General de la Asociación de Armerías ACACE, así como de la Asociación Europea de Comercio de Armas Civiles (AECAC), con sede en Bruselas. Es asimismo abogado en ejercicio y socio del despacho Fabregat, Perulles, Sales Abogados que, entre otros ámbitos, está especializado en derecho cinegético y de las armas. Como jurista, asesora y colabora con diversas organizaciones y asociaciones relacionadas con el mundo de la caza y defiende los intereses de buen número de cazadores, tiradores y profesionales.

¿Cuándo se fundó ACACE?
La Asociación de Armerías ACACE fue fundada en 1983. Desde entonces ha venido defendiendo a muchísimos armeros que han podido ser víctimas de todo tipo de procedimientos administrativos y sancionadores, así como asesorándoles en todo lo relacionado con su actividad. Asimismo, ACACE promueve múltiples iniciativas a favor de nuestro colectivo.

¿Cuántas armerías representa ACACE?
ACACE tiene en la actualidad 200 socios. Si bien, se podría decir que representa al sector de las armerías en general, ya que lo cierto es que de las actuaciones de ACACE, se beneficia todo el colectivo.

¿En qué autonomías está presente?
Tenemos socios en toda España. Si bien, en Madrid, Canarias y Cataluña es donde nuestra asociación tiene mayor presencia. También tenemos asociados en Andalucía, Galicia, las dos Castillas, País Vasco, Mallorca, Aragón, Valencia y Extremadura.
¿Cuál es el principal problema
de las armerías españolas?

El origen de la mayoría de los problemas de los armeros españoles es la falta de concreción del actual Reglamento de Armas. Además nuestro país tiene una de las reglamentaciones más restrictivas de Europa y, probablemente, del mundo entero. Todo ello hace que los armeros vivan sometidos a la interpretación que hace la Administración de dicho texto. Efectivamente, en España, en lo que a la aplicación de la normativa de armas se refiere, existe un verdadero “reino de taifas”. Sorprende comprobar como un mismo reglamento de armas puede ser interpretado y aplicado de formas totalmente diferentes, dependiendo de la intervención de armas competente territorialmente, con la inseguridad que ello provoca. A ello se une una cierta actitud de recíproca desconfianza entre los profesionales y la administración. Existe un largo camino por recorrer, primero para suavizar la normativa existente, siguiendo la corriente europea, y segundo, para crear un ambiente de confianza entre los armeros y la administración que refleje lo que ya dice la ley: que un armero es una persona de honorabilidad reconocida.

¿Qué se puede hacer a fin de acelerar la renovación del permiso de armas por parte de los organismos oficiales?
Supongo que la pregunta tiene su origen en el enorme retraso de algunas intervenciones de armas en la tramitación de licencias. El problema vino provocado por una de las reivindicaciones de nuestra Asociación. Hace algún tiempo, defendimos que no debía ser obligatoria la aportación del certificado de penales para la solicitud de licencias de armas y ello en base al artículo 35 f de la ley 30/92, que establece que la administración no puede obligar a un ciudadano a aportar documentación que ya obre en su poder. Se ganó esa batalla y hoy es la propia Guardia Civil quien solicita dicho certificado. El problema llega cuando algunas de las oficinas del Ministerio de Justicia se niegan a expedir los mencionados certificados con la excusa de que los tramita directamente la Guardia Civil. Si eso sucede en la zona de una de las intervenciones de armas que tienen exceso de trabajo y falta de personal, aparece el retraso.

Lo que era una ventaja puede convertirse en un grave problema ya que, debido a dicho trámite, la intervención puede llegar a tardar hasta 4 meses en expedir una licencia. El derecho recogido en el mencionado artículo no puede convertirse en una limitación.

En la actualidad estamos trabajando para que cada interesado pueda decidir si solicita personalmente el certificado de penales o deja dicho trámite en manos de la Guardia Civil.
¿Cual es el problema de la instalación
de campos de tiro eventuales?

Durante años, la Guardia Civil ha venido aceptando una interpretación muy amplia del Reglamento de Armas en relación al sistema de cerramiento de los campos de tiro eventuales. Sin embargo, desde hace algún tiempo, viene aplicando el Reglamento de forma estricta, esto es exigiendo que los campos de tiro eventuales vengan delimitados por medio de vallas fijas o móviles. Eso ha supuesto la práctica desaparición de las tiradas populares, que tan importantes eran para fomentar la aparición de nuevos aficionados. Nuestra asociación ha tenido el placer de colaborar en una iniciativa de la Oficina Nacional de la Caza, mediante la cual se pretende implantar nuevos sistemas de cerramiento que por su resistencia, adaptabilidad y precio, hagan viable la recuperación de las tiradas populares sin comprometer la seguridad de las mismas.

Usted es también el Secretario General de la Asociación Europea de armerías AECAC. ¿Nos puede explicar qué es y quiénes son sus miembros?
AECAC (Association Européenne de Commerce d’Armes Civiles) es una asociación europea de armerías que reúne a las asociaciones de armerías de Francia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Italia, España y Suecia. En un mundo cada vez más global, creemos que es vital participar en todos los procesos de creación de normas a nivel europeo e internacional, que puedan afectar al comercio de armas deportivas. También estamos tratando de que el sector de las armerías sea reconocido como un colectivo a tener en cuenta a nivel internacional. En la actualidad estamos negociando la redacción de la nueva Directiva Armas que está preparando la Comisión Europea. También estamos colaborando en la búsqueda de fórmulas para las nuevas exigencias internacionales de trazado y marcaje de armas.

¿Qué futuro prevé para las armerías?
El futuro del colectivo de las armerías sólo puede pasar por una mayor profesionalidad y especialización. La tendencia es que cada vez hay menos armerías, pero las que quedan son de mejor nivel y de mayor profesionalidad.

Tengo la esperanza de que, siguiendo la tendencia europea, se consiga que las armerías españolas desarrollen y maduren su espíritu asociativo. Una armería individualmente no es nadie, pero al formar parte de una asociación consigue tener voz ante la administración y ante la propia sociedad.

El sector de las armerías da muchísimos puestos de trabajo, tiene un importantísimo peso económico y presta un servicio importantísimo a millones de deportistas, clientes y a las propias administraciones públicas. Eso debería ser tenido en cuenta por la Administración. Uno de los principales objetivos de ACACE es potenciar esa idea y poner a nuestro colectivo en el lugar que le corresponde.

¿Qué opina de la recién creada Asociación Española de Armerías?
Creo que el hecho de que se fomente el espíritu asociativo en nuestro país es algo siempre positivo. Sin embargo hubiera sido interesante que, antes de crear una nueva asociación, los promotores hubiesen contactado con ACACE para tratar de unir esfuerzos y evitar una disgregación del sector. En cualquier caso ACACE está a disposición de la nueva asociación para colaborar en todo lo que pueda ayudar a nuestro colectivo.

¿Qué consejo le daría
a un joven cazador o tirador deportivo?

Sobre todo que no oculte su afición, que la promueva y la explique. Todos los cazadores y tiradores deberíamos ser proactivos. Hay que hacer proselitismo. Es vital que la sociedad tenga conocimiento de la cantidad de cazadores y tiradores que hay en España.

En el mundo actual solo tienen poder quienes se dan a conocer y quienes demuestran representar a un gran número de personas. Resulta que colectivos y asociaciones anticaza y antiarmas, cuyo peso específico es mínimo, influyen en nuestra sociedad y en nuestros políticos mucho más que un millón y medio de cazadores y tiradores, ¡nada menos que un 4 por ciento de la población española!
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