El pasado agosto y durante 11 días consecutivos, los bosques gallegos se vieron, una vez más, entre llamas. La ola de fuego estalló el 4 de agosto, día en que Marisa Castro y su madre, Celia Golmar, murieron carbonizadas mientras circulaban por una carretera nacional próxima a Cerdedo (Pontevedra). Horas después moría Manuel Parada cuando se esforzaba en extinguir el incendio en esa misma zona.

Dichas muertes fueron el preludio de la catástrofe que se avecinaba: en menos de una semana arderían el doble de hectáreas que en todo el año pasado. Y mientras el PSOE hacia veladas acusaciones sobre los autores de estos incendios, hablando de tramas y e intereses urbanísticos, el PP les acusaba de incapacidad.

De todas formas, los incendios forestales son una constante en Galicia desde hace unos años cuyas razones, muchas veces, está en esa cultura del fuego que todavía está presente en muchas personas.

Resulta sospechosa la forma tan excepcional en que ocurrieron los incendios de este año. Según citó el Presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, se produjeron 1.646 incendios en algo más de una semana, cuando se daban unas inmejorables condiciones meteorológicas para quemar. No hay que ser muy observador para darse cuenta de la difícil, angustiosa y tremenda tarea con que se encontraron las autoridades para paliarlos. A la profesionalidad del ejército y cuadrillas de la Xunta, se unieron la admirable respuesta de los gallegos.

Otro dato que invita a dudar de la accidentalidad de los hechos es, cómo no, la cercanía de las zonas afectadas al litoral y, este año, a las ciudades del eje Vigo-Santiago de Compostela muy próximas a la costa, siendo innegable su codiciada urbanización. De todas formas, la Ley de Montes prohíbe que terrenos quemados puedan destinarse, durante 30 años, a otro uso que no sea el forestal.

Los presuntos pirómanos detenidos presentan, a pesar de tener perfiles muy distintos. Entre ellos, cabe subrayar a ancianos desquiciados, adolescentes gamberros y muchos borrachos que no son conscientes de lo que hacen.

Por otro lado, entre tanta desolación, los cazadores, que se enfrentarán a partir de octubre a la temporada más crítica de las últimas décadas, hacen balance de daños con resignación e intentan ver cómo seguir adelante con la práctica cinegética donde sea posible.

El presidente de la Federación Galega manifestó su enérgica repulsa por la ola de incendios y rechazó que el colectivo de cazadores pudiera estar implicado, pues recordó que la legislación vigente prohíbe cazar en los terrenos quemados durante al menos tres años, y la cantidad de hectáreas quemadas obligará a varios miles de cazadores a colgar la escopeta. No obstante, el presidente reiteró que si algún cazador estuviera implicado en los hechos sería expulsado de la FGC.

Igualmente, el presidente de la Federación Gallega está impulsando una iniciativa que permita a los aficionados de las zonas quemadas practicar la caza en los cotos que no se hayan vistos afectados, alcanzando acuerdos entre el mayor número de cotos posible para que los cazadores que tienen su coto quemado puedan ca