La modificación de la directiva de armas no supone ningún avance contra el terrorismo

La Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) considera que la modificación de la Directiva Europea de armas de fuego que se ha aprobado no supondrá ningún avance en la lucha contra el terrorismo.

Y es que la norma aprobada finalmente afecta únicamente a los usuarios legales de armas de fuego, como deportistas y cazadores, mientras que no se atajan los problemas de fondo que en teoría constituían el espíritu de la revisión de la política sobre armas de fuego en la UE. En efecto, incomprensiblemente, la Comisión quiso empezar por los usuarios legales de armas en lugar de endurecer las políticas de control sobre el tráfico ilegal.

Así pues, esta norma con su redacción actual únicamente perjudicará a cazadores, tiradores deportivos, coleccionistas, museos y comercios, por lo que creemos que se ha usado el terrorismo como excusa para encubrir una legislación más dura contra los usuarios de armas.

A falta de la firma y publicación oficial de la Directiva, previsiblemente en este mes de mayo, la Oficina Nacional de la Caza lamenta la oportunidad que se ha perdido para haber avanzado en una normativa más segura, moderna, consensuada, adaptada a la realidad europea y que hubiese unificado las diferentes leyes de la Unión, reforzando lazos comunes, mejorando la transmisión de información, criterios básicos de seguridad y, en definitiva, la calidad de vida de los ciudadanos.

Hay que recordar que desde que se abrió el procedimiento para esta modificación legislativa, la ONC ha trabajado intensamente en defensa de los intereses de los cazadores españoles. Desde el primer momento se ha intentado que el foco de la modificación no estuviese en los usuarios legales de armas de fuego que hay en Europa, sino en el tráfico ilegal y la modificación irregular de estas armas. Sin embargo, el oportunismo político ha hecho que el proceso se acelerase de manera descontrolada cada vez que se producía un atentado terrorista, ampliando las restricciones para los usuarios legales a pesar de que los atentados no se han cometido hasta la fecha con este tipo de armas.

Por ello finalmente la ONC pidió que se paralizase el proyecto y que, si se consideraba necesario, se reiniciase de manera sosegada en 2018 para disponer, por ejemplo, de los preceptivos informes de impacto, que hasta ahora no se han elaborado.

La ONC considera que es irresponsable llevar a cabo una modificación en los actuales términos, lo que ha generado una fuerte división entre Estados Miembros, la Comisión y parlamentarios de diferentes países.

Además, esta normativa tiene una aplicación muy compleja que dificulta terriblemente su utilidad, y que está muy alejada, insistimos, de poder combatir eficientemente el terrorismo, dañando, paradójicamente, las libertades y los derechos de los ciudadanos cumplidores de la ley.