La ministra de Medio Ambiente dice que se dará una solución que no perjudique al mundo rural

El Supremo ha puesto en pie de guerra a pescadores y cazadores al incluir en el catálogo de especies exóticas invasoras a animales que llevan aprovechándose muchos años en nuestro país y que el Gobierno quiere que sigan siéndolo.

Es el caso del arruí, un bóvido de las zonas rocosas del Magreb; de la trucha arco iris y del cangrejo rojo de río, que compramos en las pescaderías; también de la carpa común, que según algunos fue introducida en la Península Ibérica ni más ni menos que por los romanos.

Tras el recurso presentado por Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos, la sentencia 637/2016 del Alto Tribunal anula parcialmente el Real Decreto 630/2013 que permitía la pesca y comercialización de estas especies. «Habrá que dejarlos pudrirse en las orillas de los ríos y lagos cuando se pesquen accidentalmente porque según la sentencia no se pueden transportar ni vivos ni muertos», explica a ABC Agustí Albiol, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca.

Albiol advierte del daño económico que conllevará cumplir la sentencia en el caso de especies como la trucha arco iris y de la carpa. «Las 108 piscifactorias existentes tendrán que cerrar, y hablamos de 2.000 puestos de trabajo y 500 millones. En el caso de la pesca recreativa y deportiva, en 2015 pescaron en nuestros ríos y embalses casi dos millones de personas, lo que supuso una actividad económica de unos 1.500 millones de euros».

También con el cangrejo rojo el impacto socioeconómico será considerable. Somos el segundo exportador mundial y 5.000 familias dependen directamente de él en zonas donde no hay muchas más alternativas de ingresos. La asociación de productores locales de este crustáceo, Pebagua, asegura que en 2013 se procesaron más de 4.500 toneladas, 3.000 de ellas con origen en Andalucía. Sólo en 2013 generó más de 17 millones de euros entre las empresas de Isla Mayor.

Impacto medioambiental

Pero todo eso desaparecerá. «Las especies invasoras son la segunda principal causa de extinción de biodiversidad. Hay que cumplir la sentencia porque hay consenso científico sobre el impacto medioambiental que provocan. Una actividad que nosotros entendemos que es económica no puede anteponerse a la conservación ecosistemas», defiende el coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, en conversación telefónica con ABC.

En cualquier caso, Oberhuber reconoce que la solución «no es fácil» y que hay que «sentarse a estudiar el daño ambiental y también el económico para dar alternativas. No se trata de actuar a lo bestia con las invasoras y generar todavía más problemas», asegura el coordinador de Ecologistas en Acción.

Erradicar estas especies exóticas invasoras será complicado. Si están aquí es porque se han adaptado perfectamente y han encontrado su nicho ecológico. El vicepresidente de la Real Federación Española de Caza, José Antonio Moreno, subraya que el arruí se introdujo desde el norte de África cuando desaparecieron los grandes rebaños de caprino y ovino de la Sierra de Espuña (Murcia). «Ha generado mucha riqueza en la zona con su caza, entre 7 y 8 millones anuales de euros en zonas rurales. Otra cosa es que las administraciones no hayan sabido gestionar bien su presencia. Pero erradicarlo costaría, según estudios de la Universidad Miguel Hernández, 10 millones de euros, y no lo garantizan porque estos animales son muy huidizos cuando se sienten acosados. Se intentó en Canarias y no se consiguió nada», dice Moreno.

Introducidas por Icona

Con los peces ocurre otro tanto. «En España hay 1.200 embalses. ¿Alguien ha calculado el coste que supondría erradicar totalmente a estas especies?», plantea Albiol, y recuerda también que el lucio o el black-bass, incluidas igualmente en el catálogo de invasoras, fueron introducidas legalmente en los años 50 por el Instituto para la Conservacón de la Naturaleza (Icona).

«La construcción de embalses y la degradación de las aguas de nuestros ríos en muchos de sus tramos hizo que la trucha común, por ejemplo, casi desapareciese. Por eso se trajo la arco iris, que aguantaba mejor. ¡Claro que a los pescadores nos encantaría pescar especies autóctonas en ríos paradisíacos. Pero es que eso desapareció hace mucho!», lamenta Albiol.

Los pescadores aseguran que no quieren que las invasoras colonicen las pocas zonas que aún se mantienen vírgenes. «No queremos que el black-bass llegue a los lagos del Pirineo, faltaría más. Pero aunque exterminemos río abajo a todos los peces que trajimos, no recuperaremos los que había antes porque las condiciones de los ríos actuales no tienen nada que ver con las que había hace un siglo. Si no hacemos nada con las carpas, todo seguirá como hace un siglo. Pero si intentamos eliminarlas ¿cuánto dinero nos vamos a gastar? En 2008 se inició un proyecto LIFE financiado con 1 millón de euros en el Lago Bañolas para erradicarlas y ocho años después siguen ahí. No es lo mismo el daño que ocasiona un mejillón cebra, un caracol manzana o el jacinto de agua, que una carpa que lleva siglos con nostros. Hay que ser sensatos», reclama Albiol.

Compromiso de la ministra

El problema no es pequeño. Y por eso ayer mismo la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se reunió con los pescadores y hoy mismo lo hará, en un acto de campaña, con los cazadores. «Vamos a dar una solución definitiva y equilibrada a este problema que ya intentamos arreglar en 2013. Se buscaran las reformas legales necesarias para, buscando el equilibrio entre la protección medioambiental y la actividad económica, no perjudicar a una gran cantidad de personas del mundo rural», afirma tajante la ministra a este diario.

Esas reformas legales buscarían una modificación de la ley en base a un reglamento comunitario sobre prevención y gestión de especies exóticas invasoras aprobado en 2014 por el Parlamento Europeo. Esta norma, por encima de la española, está a la espera de la elaboración definitiva de la lista de especies a erradicar para entrar en vigor. Y en el reglamento se habla de una «especial atención a las repercusiones sociales y económicas de su aplicación».