El Grupo Parlamentario Vasco (GPV EAJ-PNV) ha presentado este miércoles una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales por «invadir de forma incontestable» las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca. El GPV denuncia que la ley animalista que se pretende aprobar tiene «carácter centralizador y reglamentista», por lo que ha solicitado que el texto vuelva al Gobierno para su sustitución o mejora, como indica el procedimiento.
En la tarde del último día del plazo de enmiendas, el GPV ha presentado una a la totalidad del texto normativo en la que denuncian «la ausencia de título competencial suficiente en poder del Estado para regular esta materia como lo hace». Los parlamentarios vascos afirman que el texto presentado por el Ministerio de Ione Belarra «invade de forma incontestable las competencias autonómicas» recogidas en el Estatuto de Guernica.
El proyecto de ley, señalan desde EAJ-PNV, obliga a las comunidades autónomas a implantar programas territoriales de protección animal o a crear un Registro de Protección Animal «de carácter centralizador y único para todo el Estado al que han de subordinarse los registros autonómicos, vulnerándose así sus competencias instrumentales vinculadas al título exclusivo específico».
La enmienda aducía que el texto normativo «presenta una regulación al detalle de claro corte reglamentista que excede del significado de lo básico, viniendo a impedir las competencias autonómicas de ejecución y desarrollo de las bases estatales, tanto en materia de sanidad como en materia de medio ambiente».
Una vez finalizado el plazo de enmiendas al Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, estas serán votadas y en caso de que se aprueben las de la totalidad, el texto deberá volver a manos del Gobierno para su mejora o sustitución completa. En caso de que se aprueben enmiendas parciales, como la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para excluir a los animales auxiliares de la caza, el texto pasará a la Comisión que corresponda y se abrirá un nuevo plazo de enmiendas al articulado.
Finalizado el plazo de enmiendas, la Comisión designará a un grupo reducido de diputados que redactarán un Informe de la Ponencia sobre el proyecto de ley y las enmiendas presentadas, para lo que dispondrán de otros 15 días. El trámite continuará con un dictamen y más debates en el Pleno del Congreso.
Una vez finalice esta fase y pase al Senado, ahí podrá suceder que se apruebe el Proyecto de Ley tal como fue remitido desde el Congreso, en cuyo caso quedaría aprobada la Ley; que se interpongan enmiendas, por lo que el texto volvería al Congreso para aceptarlas o rechazarlas por mayoría simple; o que se interponga un veto que ha de ser aprobado por mayoría absoluta.
Para superar este veto, el Congreso o Cámara Baja deberá ratificar el texto inicial que presentó, también con mayoría absoluta. Si no se consigue, el proyecto se someterá nuevamente a votación, para lo que se disponen de otros dos meses, tras los que podrá ser aprobado por mayoría simple. El proceso parlamentario puede extenderse hasta finales de año o principios de 2023.