La RFEC solicita que se declare la caza “actividad esencial” en caso de Estado de Alarma

La Real Federación Española de Caza ha solicitado al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la declaración de la caza como “actividad esencial” para que pueda practicarse de forma segura en toda nuestra geografía en caso de decretarse un nuevo Estado de Alarma a nivel nacional o autonómico debido a la expansión del COVID-19.

 La entidad federativa ha trasladado la necesidad de que la temporada cinegética se desarrolle con normalidad para evitar un desastre ecológico, sanitario y económico.

La sobrepoblación de especies como el conejo, el corzo o el jabalí -que se descontrolaría si se detiene la actividad- aumentaría el riesgo de enfermedades que afectan a la fauna (como la peste porcina africana en jabalíes o la tuberculosis en ungulados silvestres), los accidentes de tráfico o los daños agrícolas, ganaderos y forestales.

Por otro lado, se ha destacado el perjuicio económico que supondría la paralización de la actividad cinegética, ya que genera más de 6.500 millones de euros anuales en nuestro país, un dinero que va destinado a las economías rurales y que ya se están viendo afectadas por la pandemia que sufrimos desde hace meses.

Ignacio Valle, presidente de la RFEC, ha alertado de las nefastas consecuencias si se detiene la actividad cinegética en plena temporada: “El anterior confinamiento ya demostró que la caza no podía estar paralizada ni dos semanas. No estamos hablando de un capricho: si se para la actividad en octubre, noviembre o diciembre el desastre sería enorme. El MAPA es consciente de que la caza es fundamental, llevamos mucho tiempo trabajando de forma conjunta y estamos convencidos de que la actividad no se va a detener”.

La RFEC y las distintas Federaciones Autonómicas de Caza ya están elaborando distintos protocolos sanitarios para que las cacerías colectivas puedan desarrollarse de forma segura, evitando al máximo el contacto social y cumpliendo todas las medidas sanitarias que dictan el Ministerio de Sanidad y las distintas comunidades autónomas.