RFEC y Artemisan consideran «indignante» que RTVE falte a la verdad y exigen que rectifique por falta de objetividad

VerificaRTVE es un servicio de RTVE que analiza mensajes que circulan por redes sociales con la intención de «detectar y desmentir bulos e informaciones falsas», señala la corporación. Hace justo una semana publicaron en su web una información sobre «mensajes que difunden desinformaciones» sobre la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales. Ahora, la Real Federación Española de Caza (RFEC) y Fundación Artemisan han presentado una queja a la Defensora de la Audiencia, María Escario, por considerar esta publicación carente de objetividad.

La RFEC y Artemisan consideran que, ante el proyecto de ley que se tramita actualmente en Cortes para su aprobación, la corporación RTVE «emplea el argumentario del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de la Dirección General de Derechos de los Animales, y obvia las 6.000 alegaciones presentadas por juristas, científicos, expertos, ecologistas y multitud de sectores afectados».

Ambas entidades del sector de la caza consideran «indignante que un organismo público como la RTVE falte por completo a su vocación de servicio público e ignore a los sectores afectados por este proyecto legal y publique, sin contrastar con ellos, una información claramente parcial y tendenciosa dando voz únicamente a la Ione Belarra, como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y al director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres».

RFEC y Artemisan ponen como ejemplo el artículo 25 del citado proyecto de ley, que prohíbe expresamente «utilizar animales de compañía y silvestres en cautividad de forma ambulante como reclamo o ejercer la mendicidad valiéndose de ellos», siendo los «propios impulsores de la ley animalista los que contradicen el texto aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de agosto».

Por tanto, estas entidades han formulado la queja a Escario y solicitan la «retirada inmediata» de esta publicación para que «sea sustituida por otra en la que, además de la versión del Gobierno como impulsor de este proyecto de ley, se tengan en cuenta las informaciones, análisis y aportaciones de todos los sectores afectados».