El Congreso tumba la iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Popular para cazar lobos al norte del Duero

Esta martes se ha votado en el Congreso la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) para descatalogar al lobo al norte del Duero con la finalidad de retomar la gestión cinegética que se venía haciendo hasta septiembre de 2021, cuando quedó prohibida su caza en todo el territorio español. La Cámara Baja ha rechazado la propuesta mediante 172 votos en contra (PSOE y Podemos), 24 abstenciones y 132 a favor. Mila Marcos, portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso que ha defendido la iniciativa, lamenta el resultado insistiendo en que se trababa de «buscar soluciones que permitan que la conservación del lobo no perjudique a la ganadería» y ha acusado al PSOE de «incoherente» por rechazar esta propuesta cuando en los Parlamentos autonómicos de zonas loberas los socialistas han apoyado el control poblacional.

La Proposición de Ley relativa a la conservación del lobo en España y su cohabitación con la ganadería extensiva y la lucha contra el reto demográfico se ha presentado con el fin de que se volviera a autorizar la caza del lobo al norte del Duero como venía haciéndose hasta la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). La iniciativa legislativa ha propuesto cambiar el estatus de conservación del lobo basándose, entre otros argumentos, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que establece que para adoptar medidas de conservación se tendrán en cuenta «las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales».

En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular se refiere a la situación que atraviesa el sector ganadero al norte y al sur del Duero donde se suceden continuamente los ataques por el lobo hacia la cabaña de vacuno, ovino y equino. La convivencia con el cánido silvestre se complica al sur del río más caudaloso del noroeste de la península ibérica, pero su descatalogación se propone para el tercio noroccidental del territorio lobero nacional.

La portavoz ‘popular’ de Agricultura y diputada por Palencia ha explicado que incluir a la especie en el Lespre, provocando su crecimiento descontrolado por la prohibición de su caza, además de crear «miedo e incluso furtivismo, no es proteger al lobo, es acabar con la ganadería». Por ello, Marcos ha resaltado que no hay que elegir entre proteger el lobo y la ganadería, sino que se deben buscar «mecanismos flexibles de control» que permitan la convivencia entre lobos y ganaderos porque «no son incompatibles».

Los datos oficiales que ha presentado la diputada hablan de 142 manadas más de lobos en 10 años en territorio nacional, mientras que por otra parte ha aumentado la desaparición de ganaderías en el país, cifrando en 80.ooo las explotaciones cerradas. «¿Quienes necesitan protección, el lobo o los vecinos de los pueblos?», se ha preguntado Marcos refiriéndose a los vecinos de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria que conviven con el lobo en zonas rurales, con indemnizaciones que «no resuelven el problema» y donde «se producen el 70% de los ataques».

Con relación a la actividad cinegética, la diputada del GPP ha afirmado que «Castilla y León es la región del mundo donde más lobo hay», siendo a su vez el territorio donde más lobos se cazan, por lo que ha destacado el beneficio de la caza en las poblaciones del cánido, a lo que Juan Antonio López de Uralde ha respondido que la población de lobo en España «está estancada».

«Paguita» y millones para compensar

El diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha esgrimido tres razones para no apoyar la iniciativa. Ha afirmado que se trataba de una «proposición engañosa» porque quiere eliminar la protección del lobo, pero no garantizar su protección; entiende, en segundo lugar, que la protección del lobo lleva ocho meses, refiriéndose a la inclusión de la especie en el Lespre, y aún no se puede recoger el impacto de los ataques sobre la ganadería. En tercer lugar, Uralde ha afirmado que «es falso» que la despoblación rural a la que se ha referido Marcos tenga que ver con el lobo. El diputado de Podemos ha acusado a la caza como causa de los ataques al ganado por «desestructurar las manadas».

La sesión ha continuado con intervenciones de dos diputados del Grupo Mixto, Isidro Martínez y el cántabro José María Mazón. El primero ha calificado como «otra de las grandes fechorías de esta legislatura, perpetradas por el Gobierno de Pedro Sánchez» la inclusión del lobo en el Lespre. Por su parte, Mazón ha pedido que mediante «el consenso» se evite «el odio atávico» de los campesinos hacia el carnívoro.

Joseba Andoni Agirretxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se ha referido a la iniciativa del Partido Popular como una propuesta «básica» que no atiende a la «casuística» de las distintas comunidades autónomas. El diputado vasco ha señalado que la ganadería extensiva y el lobo son incompatibles, que las indemnizaciones son «parches» y que su Grupo apoyará la protección de los ganaderos y del lobo, incidiendo en la necesidad de conocer la situación de cada zona lobera.

Carmen Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha defendido que la protección del lobo ibérico y de las explotaciones ganaderas es posible «a través de la prevención de los daños al ganado» y la puesta en marcha de «un sistema de pagos directos, rápidos y serios».

El Grupo Parlamentario Vox ha entrado en escena con la retórica de Ángel López Maraver, que ha puesto sobre la mesa las costumbres y tradiciones de un mundo rural que el Gobierno «pretende que se extinga dando limosna a modo de subvenciones». El expresidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC) entre 2017 y 2019, que abandonó el cargo para unirse al partido de Abascal, ha dicho que «los ganaderos no quieren una paguita por el ganado muerto» y ha calificado de «disparate mayúsculo de secta ideológica» la protección del lobo mediante su inclusión en el Lespre.

La intervención de Omar Anguita, del Grupo Parlamentario Socialista, ha rechazado la iniciativa ‘popular’ diciendo que se debe «encontrar el escenario natural y económico donde haya convivencia entre el lobo y el ser humano». En este sentido, ha destacado los 20 millones de euros que el Gobierno destina para medidas preventivas y protectoras de la ganadería, así como para el pago de indemnizaciones en 2022, más otra cantidad millonaria idéntica que se transfiere a las comunidades autónomas «para paliar los efectos provocados por el lobo». Anguita ha señalado que con el censo actual, «por debajo de las 300 manadas y con 2.000 ejemplares», no se puede afirmar que la especie se esté expandiendo y por ello hay que «homogeneizar» la situación del lobo «en coexistencia» con el mundo rural.

Tras conocer el resultado de la votación, Marcos ha reconocido que desde su Grupo parlamentario no entienden «cómo el Partido Socialista puede ser tan insensible y someterse a la demagogia de esta manera cuando ni los datos ni la normativa lo apoyan». Esta proposición de ley, añade la portavoz a Trofeo Caza, pretendía la «compatibilidad» entre la ganadería y el lobo con «un control poblacional riguroso como ha habido siempre» y explica que no tiene sentido tomar una decisión «arbitraria sin tener en cuenta a los ganaderos y la situación económica del mundo rural».

Lobos sobrantes a otras comunidades

La presidenta del PP en Asturias ha calificado la situación del sector primario en el Principado como «insostenible» debido a los «continuos ataques» del lobo, y ha pedido al Gobierno autonómico que capture a los lobos sobrantes en territorio asturiano para llevarlos a otras zonas de la geografía española donde no exista o escasee la población del carnívoro. Teresa Mallada ha hecho estas declaraciones durante la feria de San Isidro celebrada en Peñamellera Baja a mitad de mes.

Mallada propone que se reparta el excedente de lobos asturianos entre otras comunidades autónomas como se viene haciendo con los linces criados en cautividad o los quebrantahuesos que se liberan en Asturias provenientes de otras zonas de España. La ‘popular’ asturiana denuncia que el medio rural «no aguanta más» y ha acusado a Pedro Sánchez como culpable de esta situación, ya que «no quiere proteger a los ganaderos asturianos».