La Ley de Montes, otra oportunidad perdida
28 marzo, 2015 Trofeocaza . 1161 Visualizaciones

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La Ley de Montes, otra oportunidad perdida

Mucho se est√° hablando sobre el anteproyecto de la Ley de Montes desde todos los sectores relacionados con la materia. En este marco, la Uni√≥n Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) ha presentado alegaciones debidamente justificadas al borrador de dicha norma, en la que se han incluido aspectos que afectan a todos los cazadores espa√Īoles.

En este artículo les detallamos todos los puntos presentados por la UNAC.

El primero de los puntos que se han querido incluir en la nueva Ley de Montes es la creaci√≥n de una Estrategia Nacional de Gesti√≥n Cineg√©tica, aspecto sobre el que la Uni√≥n de los Cazadores manifest√≥ que ‚Äúest√° a favor de una norma b√°sica s√≥lida y unificadora para la caza que ofrezca igualdad a todos los cazadores del Estado, por lo que no comparte que se quiera elaborar una Estrategia Nacional de Gesti√≥n Cineg√©tica, ya que √©sta no ser√° norma b√°sica de ley para las comunidades aut√≥nomas, lo que conllevar√° a mantener los problemas actuales, pues las estrategias tienen un car√°cter orientativo y no legislativo de obligado cumplimiento‚ÄĚ.

Opini√≥n que la UNAC ha puesto sobre la mesa durante los √ļltimos a√Īos en infinidad de ocasiones, tanto por escrito como en las reuniones mantenidas con el Ministerio de Agricultura, Alimentaci√≥n y Medio Ambiente (MAGRAMA).

La UNAC ha llegado incluso a redactar un borrador de anteproyecto de Ley del Patrimonio Natural Cineg√©tico, el cual present√≥ hace unos a√Īos ante todas las administraciones con el fin de que se impulsara y aprobase.

El aprovechamiento de la caza

En contraposición, el MAGRAMA siempre ha respondido que la administración y regulación de la caza es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que el Estado no puede entrar en su terreno.

El √ļltimo en record√°rselo a la UNAC fue el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, cuando se present√≥, hasta en cuatro ocasiones, la solicitud para que se incorporaran instrumentos para el aprovechamiento sostenible de recursos cineg√©ticos en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.

Contrariamente a estas tesis del MAGRAMA, el Consejo de Estado dictamin√≥ en el tr√°mite de la nueva Ley de Montes que ‚Äúel Tribunal Constitucional tambi√©n ha se√Īalado que, si bien el Estado no tiene competencia en materia de caza ni de pesca fluvial (salvo la de mantener la legislaci√≥n supletoria) ‚ÄďFJ 26 de la STC 102/1995‚Äď, sin embargo, cuando lo que el Estado pretende regular ‚Äúguarda una cierta relaci√≥n con el ejercicio de la caza y de la pesca, pero sin incidir en ellas directamente‚ÄĚ (Id., FJ 27), el Estado s√≠ puede regularlas haciendo uso de la competencia en la materia que indirectamente est√° relacionada con la caza o la pesca fluvial.

‚ÄĚ Siguiendo con el an√°lisis del contenido de la nueva Ley de Montes, la UNAC no est√° de acuerdo tampoco en que se pretendan regular los diversos asuntos cineg√©ticos que afectan a los cazadores a trav√©s de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, pues entiende que dicho √≥rgano poco o nada tiene que ver con la caza.

Asamblea de la UNAC

Sobre la licencia interautonómica.

La creaci√≥n por iniciativa estatal de una licencia de caza interauton√≥mica tambi√©n aparece regulada en la nueva Ley de Montes, pero, curiosamente, el Consejo de Estado dictamin√≥ que ‚Äúen su redacci√≥n actual es, pues, claramente inconstitucional el modelo ‚Äúimpuesto‚ÄĚ en dicho apartado 2, salvo que la decisi√≥n a adoptar por la Conferencia Sectorial y sus efectos sean meramente pol√≠ticos nunca con eficacia jur√≠dica directa‚Äď, de manera que no puedan dichos acuerdos de la Conferencia vincular obligatoriamente a las comunidades aut√≥nomas, que, si bien podr√°n remitirse a los mismos en su legislaci√≥n exclusiva en la materia de manera que el contenido del acuerdo sea hecho suyo por decisi√≥n unilateral, no pueden ser sustituidas en su competencia exclusiva por la Conferencia Sectorial.

Por tanto, no resulta constitucional pretender la validez jur√≠dica de estos acuerdos, lo que s√≥lo puede, no obstante, salvarse si se dice expresamente que este modelo podr√° ser adoptado por las comunidades aut√≥nomas en su legislaci√≥n de caza y pesca fluvial, teniendo, mientras tanto, validez s√≥lo como acuerdo pol√≠tico (o jur√≠dicamente no vinculante)‚ÄĚ.

Llegados a este punto, ¬Ņqu√© nos queda entonces de la licencia interauton√≥mica del MAGRAMA?

Sobre el Registro Espa√Īol de Infractores de Caza y Pesca.

La ministra Garc√≠a Tejerina tambi√©n declaraba p√ļblicamente que ‚Äúla existencia de este registro facilitar√° la implantaci√≥n del mecanismo de reconocimiento mutuo de licencias de caza entre comunidades aut√≥nomas‚ÄĚ.

Dicho registro ya existía en el artículo 35.4 de la derogada Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. A todas luces se demostró inoperativo y, por ello, ni siquiera se incluyó en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. A modo de ejemplo, en Canarias llevamos intentando mantener actualizado el registro autonómico y está resultando claramente imposible. Por no nombrar las distintas tasas y fórmulas para obtener la licencia en las diferentes islas…

La propuesta de Licencia √önica de Caza (Informe LUC) de la UNAC, que se remiti√≥ hace a√Īos a todos los responsables pol√≠ticos del Estado y las autonom√≠as, ahorrar√≠a dinero y tr√°mites a todas las partes. Adem√°s, la f√≥rmula para el tr√°mite de expedici√≥n de las licencias no se impone a las comunidades, por lo que no es inconstitucional.

Asimismo, ya cuenta con el visto bueno de las Cortes Generales (BOCG N¬ļ 354 11.11.09), y adem√°s no presentar√≠a problemas a la hora de transmitir datos al registro central.

Cuestiones de sanidad animal.

Para finalizar, pretendía el MAGRAMA, con una modificación de la Ley de Caza de 1970, asegurar el buen estado sanitario de las especies cinegéticas y evitar la transmisión de enfermedades entre ellas o al ganado doméstico. A ello, la UNAC alegó que no era ese el marco, existiendo ya normativa aplicable al respecto.

Todo ello sin perder de vista la posibilidad ambiciosa de que el Gobierno desarrollara una normativa específica para caza, como en derecho nos merecemos los cazadores y las especies cinegéticas, sin las cuales no existiría la propia actividad.

Finalmente, en el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, tramitada por el Congreso de los Diputados, se aprovechará para modificar la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. En definitiva, los cazadores de la UNAC han presentado y seguirán presentando propuestas viables al Gobierno, como ha quedado demostrado con el dictamen del Consejo de Estado en relación a la nueva Ley de Montes.

Seguir√°n pidiendo y manteniendo cuantas reuniones sean necesarias con el fin de que se impulsen iniciativas en beneficio com√ļn del patrimonio natural y de la caza. No obstante, en mi opini√≥n, mucho me temo que la falta de capacidad para escuchar y de asumir responsabilidades por parte de los responsables para cambiar el rumbo retrasar√°n las soluciones a los problemas denunciados por el sector cineg√©tico desde hace tiempo.

TODAS LAS ALEAGACIONES PRESENTADAS POR LA UNAC A LA LEY DE MONTES: http://www.unacaza.es/documentos/086.pdf

 

 

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