La reforma del Código Pena en materia de maltrato animal supone «una amenaza real» para la caza y el mundo rural

La Asociación de Rehalas Regionales (Arrecal) considera que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal, genera «una gran inseguridad jurídica» en el mundo rural, puesto que «sorprende que se pretenda que sea considerado delito el mero hecho de causar un moratón a un perro o matar una rana». Así lo explica la entidad en las alegaciones presentadas este lunes, en las que alerta de que esta iniciativa «plantea serias dudas y una inseguridad jurídica manifiesta para sectores como el ganadero, el cinegético o la pesca».

Este texto supone, además, «un nuevo marco jurídico en la relación histórica del hombre de los animales» que de aprobarse —y sumado a la ley de bienestar animal (también en tramitación)— «haría imposible» la mayoría de relaciones humano-animal (ganadería, pesca, caza…). En este sentido, el presidente de Arrecal, Felipe Vegue, explica que «basta una primera lectura de la Exposición de Motivos del Anteproyecto para comprobar que la justificación real de esta reforma es meramente la conveniencia política, sin más».

Y es que se trata de un proyecto «cargado de sensibilidades, sensaciones e indignaciones… es decir, todo es parcialidad e ideología». De esta forma, aplica «una visión sesgada de las cosas que pretende maniatar a una parte de la sociedad cuando prácticamente cualquier lesión no imprudente, por leve que resulte, se convertiría en delito a raíz de este Anteproyecto».

Desproporcionado aumento de las penas

Según detallan las alegaciones presentadas por Arrecal, la modificación supone «un desproporcionado aumento» de las penas que en la práctica provocará «condenas de prisión totalmente abusivas atendiendo a los hechos cometidos y los bienes jurídicos protegidos». A esto se suma que se aplica el delito de maltrato animal a todos los “animales vertebrados” sin distinción, mientras que hasta ahora las especies silvestres y aquellas que no se encontraban domesticadas o bajo la dependencia del hombre no estaban dentro del ámbito del delito de maltrato animal.

Para entender la gravedad de la propuesta, «de aprobarse este Anteproyecto, la lesión o muerte no imprudente de cualquier animal (desde una vaca a un ratón, un sapo, una salamandra o una sardina) es susceptible de ser calificada como delito». Para Arrecal se trata de «un exceso sin sentido, sobre todo en la jurisdicción penal, que debe quedar reservada para las vulneraciones de derechos de más relevancia».

Además, este Anteproyecto asimila el tratamiento legal de las lesiones en animales al de los humanos, de forma que las lesiones que requieran «objetivamente tratamiento veterinario para su sanidad» acarrearán penas de prisión de hasta 18 meses. Esto supondría extender enormemente los supuestos de delito de maltrato y podría incluir cualquier tipo de lesión involuntaria que se genere a un animal (un arañazo, o la rotura de una uña).

«Una amenaza real»

Otro aspecto relevante es que no queda claro qué sectores están incluidos, ya que únicamente se establece que se consideran punibles los hechos «fuera de las actividades legalmente reguladas y sin estar amparadas en las leyes u otras disposiciones de carácter general». Con esta expresión difícil de aclarar «se pretende poner un parche, introduciendo una excepción que en realidad es una fórmula vaga, ambigua y concepto jurídico indeterminado».

Para Felipe Vegue, esta reforma, sumada a la que se tramita al mismo tiempo de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, supone para los rehaleros (y para cualquier propietario de animales que actualmente ejerce una tenencia responsable) «una amenaza real, inasumible y carente de justificación que responde al sectarismo y que carece de rigor técnico».

En base a estas consideraciones Arrecal concluye que «procede retirar el anteproyecto de Ley de modificación del Código Penal». Algo que ya reclamaron, como recuerda su presidente, «las más de 400.000 personas que se manifestaron hace unas semanas en Madrid en nombre de ese mismo mundo rural que este Gobierno pone en riesgo”.